Familiares y amigos le dieron el último adiós en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, a Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años de edad que se lanzó al embalse El Peñol - Guatapé en medio de hechos que son materia de investigación.
Luego de que salieran a la luz imágenes en las que se aprecia cómo el hombre tuvo una fuerte discusión durante varios minutos con otros ocupantes de la embarcación, se abrió el debate sobre la responsabilidad que tendrían los “compañeros de rumba”, pues al parecer el altercado habría generado que Avendaño se lanzara al agua de la represa a pesar de que, al parecer, no sabía nadar. Esto ante la mirada de varios jóvenes que no lo ayudaron, una conducta que podría ser considerada omisión de socorro.
El artículo 131 del Código Penal establece que quien omita, sin justa causa, prestar ayuda a una persona cuya vida o integridad se encuentre en grave peligro, cuando pueda hacerlo sin riesgo para sí mismo o para terceros, puede incurrir en responsabilidad penal. Al respecto se refirió el abogado penalista Óscar Santamaría.
"Se puede tipificar el delito de omisión de socorro, el cual está tipificado en el código penal, en el artículo 131. Las personas que iban en ese bote no lo socorrieron. Entonces, se pueden investigar por parte de la Fiscalía General de la Nación a estas personas, y el delito va de 31 mes a 70 meses de prisión", afirmó el abogado.
Por su parte, las autoridades también abrieron una investigación contra la tripulación y el dueño de la embarcación, como lo indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
"Es importante resaltar que el transporte fluvial debe contar con todas las garantías, no solamente en los procedimientos previos a la prestación del servicio, sino también durante esta, que se cuente con los elementos de protección, que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la integridad de ocupantes, de pasajeros y de la tripulación", mencionó Rojas.
Pese a que la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, como patente de navegación, certificado de inspección técnica y el reporte de elementos de seguridad, desde el Ministerio recordaron que el cumplimiento de estos requisitos no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones seguras durante cada operación.
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Asimismo, aseguraron que, de comprobarse incumplimientos en los protocolos de seguridad o irregularidades en la operación de la embarcación, podrían imponerse sanciones a los responsables, lo que incluye la posibilidad de cancelar la licencia a propietarios de embarcación.
Por lo pronto, hay que mencionar que la investigación deberá determinar si alguno de los involucrados tenía la posibilidad real de auxiliar a la víctima o de gestionar oportunamente ayuda especializada y, pese a ello, se abstuvo de actuar, así como establecer si existió alguna conducta adicional que hubiera contribuido al desenlace fatal.
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