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La audiencia pública en la que 40 exmilitares del Ejército Nacional están aceptando su participación en asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento de Antioquia no solo dejó graves acusaciones, como las que hubo contra el general Luis Miguel Huertas —vinculado al escándalo revelado entre el Gobierno nacional y las disidencias de alias ‘Calarcá’, y a quien acusan de supuestamente inducir a cometer ‘falsos positivos’—, sino que también ha dejado ver historias realmente desgarradoras.
Una de ellas es la que contó Juan Carlos Quiroz, quien llegó a ser segundo comandante entre 2001 y 2004, y quien confesó que los uniformados usaron una casa ubicada entre los municipios de Granada y El Santuario, donde secuestraban a habitantes de calle o personas en estado de vulnerabilidad para después hacerlos pasar como bajas en combate.
“En esta casa llevaban a aquellas personas que iban a ser asesinadas, a las que recogían en Medellín por las zonas más vulnerables. Los recogían con falsas ofertas de trabajo. Allá los tenían cuatro, cinco días”, señaló.
Expresó Quiroz que a las personas las organizaban, les daban de comer, les cambiaban la ropa y les enseñaban a disparar para después llevarlas a zona rural en el Oriente antioqueño, donde los militares hacían operaciones falsas y asesinaban a las personas que eran encontradas con armas en su poder, y así eran presentadas como falsos positivos.
Pero no es el único testimonio que han escuchado desde la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que durante la audiencia también se oyó un cruel relato de un exmilitar que contó cómo asesinó a un miembro de su familia por presión de sus superiores.
“Fueron ejecutados cruelmente. Reconozco el profundo daño que ocasioné a mi familia directa: el nieto de mi tía, mi propio primo. No solo costó la vida de dos jóvenes, sino que destruyó los lazos de confianza y sangre en mi propia familia”, narró el exuniformado.
Hay que recordar que los hechos investigados ocurrieron entre los años 2002 y 2007 en distintas subregiones del departamento —Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente—, donde se registraron al menos 589 asesinatos, de los cuales 228 personas también fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada.
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