La Alcaldía de Medellín coordinó el retorno de 120 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas.
Dos buses partieron desde el sector de Prado, donde se encontraban albergados, acompañados del Ejército y con varios compromisos en términos de seguridad ante la zozobra que vienen generando el ELN y los enfrentamientos recientes.
Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que aunque el alcalde Federico Gfutiérrez estuvo en contacto con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, es crucial que haya un consejo de seguridad en la capital chocoana.
"Ellos dicen que es por los enfrentamientos de los grupos armados, entonces, sienten temor y riesgo, y por eso se le va a remitir a la UNP para que inicie a los líderes, más que todo, un análisis de riesgo y proceso. Tratan de que los actores armados, los, vincularlos al conflicto, ellos sean resistidos, no quieren estar en el conflicto, y que esto, pues, les ha generado riesgo y vulneración de derechos humanos", destacó el funcionario.
Arcila sostuvo que varios líderes indígenas manifestaron sentirse en riesgo, ante la presión de los ilegales, por lo que se remitió esta información a la Unidad Nacional de Protección.
"Evaluó con el Ejército, la Policía, ellos planteaban que les brindaban todas las garantías de seguridad. Se habló, entonces, de ayudas humanitarias, y se quedó también con el municipio de Quidó para poder articular acciones de prevención. Igualmente, una al Gobierno nacional que haga un consejo de seguridad y con la defectoría del pueblo para que no se genere una cadena de desplazamiento por la situación de enfrentamientos de los grupos armados", añadió Arcila.
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Entre los desplazados se encontraban 64 niñas, niños y adolescentes, por lo que la Gerencia Étnica de la Alcaldía dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.
La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.
Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.