Problemas financieros que en los últimos meses ha atravesado la Universidad de Antioquia por cuenta de un déficit que estiman desde la institución por más de 350 mil millones de pesos ahora generan tensiones con el Ministerio de Educación tras recientes medidas adoptadas por esa cartera para hacer frente a esa situación.
Y es que la Alma Mater anunció que ya radicó un recurso de reposición con 329 páginas para dejar sin piso el acto administrativo que dio inicio a un proceso de vigilancia especial para aliviar sus finanzas.
Desde la universidad destacaron que la decisión del Ministerio, que designaba un inspector in situ para vigilar la gestión administrativa y la elaboración de un plan de mejoramiento, viola principios como el debido proceso, la motivación y proporcionalidad de los hallazgos con respecto a la medida.
Entre algunos de los presuntos errores en los que estaría incurriendo la cartera de Educación, la UdeA advirtió que solo conoció 14 días después de emitida la resolución el informe técnico que se tomó como base para imponer la medida de vigilancia, además de una falsa motivación en la actuación ya que sobre cuestionamientos a la gestión financiera realizados por el Ministerio, la Contraloría General de Antioquia la calificó como adecuada en la vigencia 2024.
“El anuncio sobre este rol no solo no define las actividades específicas que debe cumplir y el engranaje que debe tener con la Universidad, el Ministerio tampoco indica cómo la persona que encarne esa labor ejercerá la inspección, en coherencia con el alcance que le atribuye la ley a un servidor público”, se lee en el pronunciamiento de la universidad sobre el rol del inspector.
Cuestionó también la institución que el Ministerio no haya explicado en la resolución de qué manera la vigilancia iba a resolver los problemas que se vienen registrando y ni cuáles son puntualmente sus límites.
El pronunciamiento por parte de la universidad se conoce al tiempo del respaldo por parte de la Asamblea General de Profesores a la medida del Ministerio como “un mecanismo que permite desmontar prácticas opacas, organizar los procesos institucionales sensibles y propiciar un diálogo abierto”.
En un comunicado destacaron que debe haber una rendición de cuentas periódica, creación de mesas públicas de trabajo y garantizar los principios de publicidad activa y trazabilidad durante el periodo de la vigilancia.
El profesorado convocó a la construcción conjunta de una ruta de acción para mejorar la gobernanza universitaria y así garantizar la adecuada gestión de recursos que permita solventar el déficit estructural de la institución.