La Alcaldía Mayor de Bogotá denunció la existencia de un plan estructurado para desestabilizar varias ciudades del país mediante manifestaciones violentas, según declaraciones del secretario de Seguridad, César Restrepo, en entrevista con Mañanas Blu.
El funcionario aseguró que los hechos ocurridos el pasado viernes en los alrededores de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos, donde se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes del Congreso de los Pueblos, no fueron espontáneos ni aislados.
“Lo que pasó la semana pasada no es eventual, no es fortuito, no es el resultado de una calentura. Claramente aquí había un plan estructurado de desestabilización que lo van a hacer en varias ciudades”, afirmó Restrepo. Según el secretario, la Alcaldía y la Policía Metropolitana identificaron una secuencia organizada de acciones que incluyeron la toma de edificios públicos, la intimidación a ciudadanos, la vandalización del sistema de transporte, y ataques con artefactos explosivos y armas artesanales.
Flechas con material biológico y disturbios en la calle 26
Las manifestaciones del viernes dejaron un saldo de cuatro policías heridos y daños considerables en la estación Corferias de TransMilenio, afectando la movilidad de más de 120 mil usuarios. Testimonios de las autoridades indicaron que los manifestantes usaron arcos y flechas artesanales, algunas de las cuales presuntamente contenían materia fecal o estaban revestidas con metal oxidado.
Restrepo aclaró, sin embargo, que aún no existe confirmación forense sobre el uso de material biológico en los proyectiles: “No puedo ser irresponsable dando información que no me ha sido suministrada”, sostuvo. El funcionario destacó que la intención de los atacantes era clara: “Disparar una flecha contra una persona es querer herirla o querer matarla. No hay más opciones”, enfatizó.
Universidad Nacional, punto de repliegue de los manifestantes
Durante los disturbios, varios de los encapuchados ingresaron nuevamente al campus de la Universidad Nacional, donde, según la Alcaldía, habían permanecido comunidades indígenas del Congreso de los Pueblos tras tomas previas de entidades gubernamentales.
“Las puertas de la Universidad Nacional estaban abiertas de par en par esperando el repliegue de estos destructores violentos y, por qué no decirlo, criminales”, aseguró Restrepo.El secretario reiteró que la autonomía universitaria no equivale a una autonomía territorial, subrayando la necesidad de revisar los protocolos que impiden el ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones educativas en situaciones de orden público.
Llevamos décadas con el concepto errado de que la autonomía universitaria es territorial. La policía no puede entrar sin orden judicial, pero eso no significa que esos espacios sean zonas vedadas
explicó.
Fiscalía investigará vínculos con grupos armados
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la Alcaldía interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por delitos de terrorismo, asonada, concierto para delinquir y violencia contra servidor público, señalando que los ataques fueron “acciones planeadas, coordinadas y deliberadas”.
Además, Restrepo indicó que existen alertas de inteligencia que vinculan a estas organizaciones con el ELN, hipótesis que será objeto de investigación. “El alcalde Galán nos informó que, por información ofrecida por el Gobierno nacional, estas organizaciones tendrían relaciones con el ELN”, declaró.La denuncia busca determinar quiénes son los financiadores, coordinadores y determinadores detrás de los hechos.
“La llegada de camiones con gente, con pertrechos, con alimentos y hasta un salón lleno de material médico deja bastantes preocupaciones sobre qué se está gestando detrás de eso”, advirtió Restrepo.
Ciudad en calma, pero en máxima alerta
Aunque la situación se encuentra bajo control, las autoridades mantienen una alerta preventiva frente a posibles nuevos brotes de violencia. El Distrito pidió a la ciudadanía no dejarse manipular por provocaciones y rechazar el uso violento del derecho a la protesta.
“El uso abusivo del derecho a la protesta puede terminar enmascarando acciones directas contra las ciudades”, concluyó el secretario de Seguridad.
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