Buscan frenar construcción del Vive Claro en Bogotá por presuntas irregularidades

Mediante una acción popular radicada por la concejal Quena Ribadeneira, y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, se está buscando la suspensión del contrato 78 de 2023, firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa Ocesa Colombia S.A.S., con el cual se arrendaron los lotes 15 y 16 del parque Simón Bolívar de Bogotá para construir el Vive Claro Distrito Cultural.“Dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y Ocesa lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva que exige la ley”, dijo la concejal.Según el convenio, Ocesa podrá hacer uso exclusivo de más de 249.000 metros cuadrados de espacio público durante los próximos cinco años. Allí se podrán realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructurar de manera permanente por un canon mensual de 361 millones de pesos.“Este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, entre ellos la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística. Además, el contrato fue adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes”, dice el comunicado de la concejal.Dentro de los argumentos expuestos se expresa, además, que Ocesa no cuenta con las licencias de construcción, pese a que la obra del Vive Claro ya está casi terminada. Según afirma el comunicado, la curaduría urbana número 4 negó una licencia urbanística de cerramiento. A eso se le suma que, de acuerdo con un informe de la Alcaldía Local de Teusaquillo, las obras requieren permisos que no han sido tramitados, tales como las normas de sismorresistencia.“Las accionantes solicitaron al juez decretar medidas cautelares urgentes, como la suspensión del contrato y la orden de terminación anticipada del mismo, con el fin de evitar perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general. También pidieron que entidades como la Alcaldía de Bogotá, el IDIGER, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar se vinculen en el proceso para que ejerzan su rol de vigilancia”, finaliza el documento.