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La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Gloria Esperanza Narváez Tafur, aclaró que el régimen transitorio aprobado para el servicio de aseo en Bogotá no implica cambios en las tarifas que pagan los usuarios ni en la metodología tarifaria vigente.
“El marco tarifario no se modifica con la expedición del régimen transitorio. Actualmente sigue vigente para Bogotá la Resolución 720 de 2015”, explicó Narváez, al referirse a la Resolución CRA 1027 de 2026, aprobada en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
La Resolución CRA 1027 de 2026 fue expedida en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, que alertó sobre un “riesgo grave e inminente” para los derechos de la población recicladora de oficio ante el vencimiento de los contratos de aseo vigentes en Bogotá, previsto para el 11 de febrero de 2026. Según el alto tribunal, un paso automático a un esquema de libre competencia, sin salvaguardas obligatorias, podría afectar el acceso al material reciclable, la remuneración de la actividad de aprovechamiento y la continuidad de las acciones afirmativas que se han consolidado durante más de una década.
Según la directora, la norma permite ampliar por más de ocho años las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), pero sin trasladar sobrecostos a los usuarios. “La ampliación del término no modifica el marco tarifario, pero sí busca proteger los derechos de los usuarios y asegurar que las tarifas reflejen costos reales y eficientes, como lo ordena la Ley 142 de 1994”, señaló.
Narváez indicó que, durante el periodo de transición, la CRA exhorta a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a ejercer un control más estricto sobre las tarifas, que revise los costos de referencia, evite cobros duplicados y adopte las acciones necesarias para que los usuarios se beneficien de las eficiencias del esquema.
La directora también se refirió a la remuneración de los recicladores de oficio y aclaró que esta ya está contemplada en la regulación vigente. “La actividad de aprovechamiento hace parte del servicio de aseo y su remuneración está reconocida vía tarifa. La resolución 1027 no modifica ningún componente tarifario”, afirmó.
El régimen transitorio fue adoptado tras la advertencia de la Corte Constitucional sobre los riesgos que implicaba el paso inmediato a un esquema de libre competencia en Bogotá. Según Narváez, la Corte concluyó que ese tránsito generaba un riesgo cierto, grave e inminente para los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio, al señalar que una transición abrupta habría afectado la estabilidad del servicio.
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El régimen transitorio busca evitar una regresión en los derechos alcanzados y garantizar estabilidad mientras se define el nuevo esquema regulatorio y contractual del servicio de aseo en la capital. Entre otras medidas, habilita de manera excepcional al Distrito para ampliar las Áreas de Servicio Exclusivo por más de ocho años, exhorta a la UAESP a revisar tarifas y prohíbe cobros duplicados por inversiones ya pagadas por los usuarios. La norma tendrá carácter temporal y estará vigente hasta que se expida el nuevo marco tarifario y Bogotá implemente un esquema definitivo que garantice la protección de los recicladores y tarifas justas para los usuarios.
En cuanto a la vigilancia, la directora recordó que la CRA define la fórmula tarifaria, pero no fija los valores finales. “La comisión establece la fórmula, la tarifa la fija el ente territorial y la supervisión corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos”, indicó.
La Resolución CRA 1027 de 2026 fue aprobada por la comisión en pleno y remitida a la Corte Constitucional para su conocimiento. El Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento también avaló la resolución y, ésta entrará en vigencia una vez sea publicada oficialmente.
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Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que analizará la decisión y adelantará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, en beneficio de los recicladores y de los usuarios del servicio público de aseo en la capital.
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