El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión del trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. La decisión, tomada por la magistrada Nelly Villamizar, establece que el proceso deberá reiniciarse incluyendo la participación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
La medida judicial surge en medio de una fuerte controversia por la regulación ambiental propuesta por el Ministerio de Ambiente, la cual fue publicada el último día de la gestión de la exministra Susana Muhamad. La norma busca establecer lineamientos ambientales obligatorios para la Sabana de Bogotá, con el fin de proteger su vocación agrícola y forestal, integrándolos a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados.
La exministra Muhamad ha defendido la resolución, argumentando que esta se fundamenta en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, el cual declara la Sabana de Bogotá como un ecosistema de interés nacional. Según Muhamad, la medida no vulnera la autonomía de Bogotá ni de los municipios aledaños, pues su objetivo es establecer determinantes ambientales de superior jerarquía, las cuales deben ser incorporadas en los POT.
Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha manifestado su rechazo a la resolución, calificándola de "inconstitucional". Según el mandatario, la norma podría afectar el abastecimiento de agua y frenar proyectos clave de infraestructura, como el metro de Bogotá, la Avenida Suba-Cota, el Regiotram de Occidente y la ampliación de la Autopista Norte. Además, Galán ha alertado sobre la posibilidad de que 138 barrios de la capital sean declarados humedales, lo que generaría inseguridad jurídica para sus habitantes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el proceso de adopción de la resolución debe reiniciarse, garantizando una mayor participación de los actores territoriales directamente involucrados. La CAR de Cundinamarca, que juega un papel clave en la regulación ambiental de la región, no había sido incluida de manera adecuada en el proceso de formulación de la norma, según lo argumentado por el tribunal.
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