Alcalde Galán rechaza nueva resolución sobre la Sabana de Bogotá: "Están violando la ley"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a la propuesta de resolución del Ministerio de Ambiente sobre la Sabana de Bogotá y argumentó que su implementación pondría en riesgo el abastecimiento de agua y la viabilidad de múltiples proyectos de infraestructura.“Lo que están presentando como una consulta no es otra cosa que el cumplimiento legal que tienen que hacer cuando se expide cualquier acto administrativo de carácter general”, afirmó el mandatario capitalino.Uno de los puntos más críticos señalados por Galán es la falta de claridad sobre el uso del recurso hídrico en los embalses, que según la resolución, podrían convertirse en humedales. “No es clara la garantía del abastecimiento del agua y el uso del recurso en esos espacios”, advirtió. Esta situación genera preocupación no solo en el Distrito, sino también en municipios aledaños que dependen del agua proveniente de estas fuentes.Medidas legales y llamado al diálogoAnte esta situación, el alcalde anunció una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la resolución. La primera de ellas es solicitar formalmente al Ministerio de Ambiente el retiro del documento y la instalación de mesas de concertación con la comunidad y los gobiernos locales.“Le pedimos formalmente al Ministerio de Ambiente que retire este proyecto y que inicie un proceso de diálogo con los bogotanos y no solo con los sectores que escoge el Gobierno Nacional”, enfatizó.En caso de que la resolución sea oficializada, el Distrito tomará acciones legales que podrían incluir medidas de carácter disciplinario y penal. Además, Galán convocará al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes de los municipios afectados para trabajar en conjunto en la defensa de la eliminación del borrador de resolución.Proyectos de infraestructura en riesgoEl alcalde advirtió que, de implementarse la resolución, varios proyectos clave para la movilidad y el desarrollo urbano de la ciudad quedarían en el limbo. Entre los proyectos más afectados se encuentran:Patio taller de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de BogotáAdjudicación de la Línea 3 del MetroIntercambiador de la Calle 80Avenida Suba-Cota y la Autopista NorteCable a La Calera y Regiotram de OccidenteTroncal de la Calle 13 y corredor de la Carrera SéptimaPuente vehicular y ciclopuente de TibanicaAeropuerto El Dorado y zona de Lagos de Torca“La resolución tiene implicaciones muy significativas para el desarrollo de la región, para proyectos estratégicos, para la vivienda, para la misma protección del medio ambiente y para la garantía del agua en este territorio”, explicó Galán.¿Violación a la Constitución y el Acuerdo de Escazú?El alcalde argumentó que la forma en la que fue construido el proyecto de resolución es ilegal, ya que viola la ley y las sentencias de la Corte Constitucional. Además, señaló que incumple el Acuerdo de Escazú, el cual establece que los procesos de toma de decisiones ambientales deben garantizar participación, transparencia y publicidad. “El Acuerdo de Escazú establece que se tiene que generar participación, visibilidad y transparencia en estos procesos, y en este caso, eso no ocurrió”, denunció.Llamado a la restauración ambientalEn el marco de esta controversia, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, resaltó la necesidad de restaurar áreas protegidas como la Reserva Thomas van der Hammen. Según la funcionaria, de las más de 1.400 hectáreas de esta reserva, solo el 4% ha sido restaurado en los últimos 13 años. “Le estamos apuntando a que esta reserva pase efectivamente a un proceso ambicioso de restauración gracias a que tenemos más de 184 hectáreas ofertadas para su conservación”, explicó.La controversia en torno a la resolución del Ministerio de Ambiente sigue creciendo, con sectores políticos y expertos manifestando su preocupación por las implicaciones que esta podría tener en el desarrollo urbano, la movilidad y la seguridad hídrica de la región. Mientras tanto, el Distrito prepara su ofensiva legal para evitar que la medida entre en vigor sin una concertación real con los actores locales.