La violencia contra las mujeres en el Magdalena atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según la defensora de Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, en lo que va del año se ha intensificado una ola de homicidios, feminicidios y casos de violencia intrafamiliar en medio de un escenario de fortalecimiento de estructuras armadas ilegales.
“Entre enero y mayo de este año se han registrado 257 homicidios en el Magdalena. De esos, 20 fueron mujeres asesinadas, en su mayoría en zonas urbanas como Santa Marta, Ciénaga y Fundación”, afirmó Vera.
La defensora alertó que la cifra representa un incremento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior y que, comparando solo los homicidios de mujeres, el aumento es del 42 %. Agregó que este fenómeno no es aislado, sino parte de un contexto más amplio de violencia basada en género y control social armado.
A esto se suman los datos del Observatorio de Feminicidios, que revelan que durante 2024 se reportaron 30 feminicidios y 39 en grado de tentativa en el departamento. Sin embargo, solo en los primeros cinco meses de 2025 ya se contabilizan 21 feminicidios y 29 intentos, lo que representa un avance del 70 % frente al total del año anterior.
“El 74 % de las víctimas residían en zonas urbanas, y como consecuencia directa de estos crímenes, al menos 16 niñas y 10 niños han quedado huérfanos”, señaló Vera, quien ha seguido de cerca la situación de violencia estructural contra las mujeres en el Caribe colombiano.
También llamó la atención sobre el aumento sostenido de la violencia intrafamiliar. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, entre enero y mayo se han reportado 852 casos en el Magdalena, un 18,5 % más que en el mismo periodo de 2024.
“Del total de víctimas, el 79 % son mujeres. Santa Marta concentra el 72 % de los casos reportados. Estamos frente a una emergencia que no está siendo atendida con la urgencia que requiere”, indicó Vera.
Ante este panorama, la defensora pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales adoptar un enfoque de género y territorial para atender la crisis, fortalecer los mecanismos de protección y actuar con contundencia frente a los grupos armados que imponen miedo y violencia en los territorios.
“El Magdalena no puede seguir normalizando el asesinato de mujeres ni las violencias que se ejercen desde la impunidad y el silencio institucional”, concluyó.
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