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Con pinzas es analizada desde el departamento del Atlántico la hoja de ruta que en las últimas horas fue presentada por el Gobierno para avanzar hacia los diálogos de paz con bandas criminales, principalmente con ‘Los Costeños’, debido a que el equipo jurídico de esta estructura considera que “el texto es muy genérico y tampoco presenta metas, ni alcances ni tiempos”, pues según ellos, “se enfocan en otras circunstancias que no solucionan el conflicto”.
Esa es la misma opinión para expertos en seguridad como el politólogo Luis Trejos, quien señala que es un documento que llega de forma tardía por su cercanía con las elecciones presidenciales. Además, apunta a que debe haber una reacción de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, autoridades fundamentales para el cumplimiento de varias medidas propuestas por el Comisionado de Paz.
“Si bien es un documento importante, lastimosamente llega de forma tardía. Teniendo en cuenta que al Gobierno Nacional solo le quedan cuatro meses de gestión, lo que también indicaría que la apertura de una mesa de diálogo sociojurídico en Barranquilla es o sería una decisión algo irresponsable, porque en la práctica debiera esperarse que sea el próximo Gobierno el que tome esa decisión”, declaró a Blu Radio.
Al tiempo, desde el equipo jurídico de Los Pepes le confirmaron a este medio que aunque esta hoja de ruta fue publicada, con ellos no han reactivado conversaciones ni convocado reuniones presenciales.
“La hoja de ruta presentada por el Gobierno, para nosotros como defensa, significa un peldaño para alcanzar esa meta de lograr un ambiente sano y de paz en el territorio del Atlántico. Claramente, esperamos que en esta ocasión sí haya cumplimiento de lo que se prometió y que en últimas son las condiciones para propiciar un diálogo constructivo que materialice el derecho fundamental a la paz que tiene la ciudadanía. No obstante, a día de hoy, no se han reiniciado esas conversaciones o por lo menos esta defensa no ha tenido reuniones presenciales con las entidades encargadas para tales fines”, dijo inicialmente un representante de ese equipo jurídico.
“Esperamos que en las próximas horas se concrete algún tipo de comunicación presencial con miras a decidir por parte de mi representado si continúa en la hoja de ruta que ha planteado el Gobierno Nacional. Sabemos que el deseo no es otro que alcanzar la paz, pero eso debe ceñirse a unos compromisos que, ineludiblemente, deben cumplir. Los apoderados judiciales necesitamos condiciones de seguridad, que se activen las hojas de ruta de protección con las entidades pertinentes y creadas por el estado para tal fin como la Unidad Nacional de Protección, ya que es un requisito indispensable proteger la vida y la seguridad de quienes participamos activamente en este proceso de paz”, siguió diciendo.
“En igual sentido, consideramos que es sumamente importante el tratamiento igualitario en este proceso de paz en cuanto a los alivios jurídicos y tratamiento diferenciado, el cual se ha venido materializando en otras regiones del país. En otros procesos, como la suspensión de órdenes de captura, lo que esperamos sea aplicado en este proceso para que exista una igualdad y un ambiente propicio para generar un diálogo constructivo para el país y la región del Atlántico”, concluyó.
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Para Trejos es importante que desde el Gobierno se especifique quienes van a participar en esta mesa, debido a que la ola de violencia que hoy se vive en el departamento demostró la llegada al departamento de nuevos grupos delincuenciales y que los cabecillas alias Castor y Digno Palomino estarían perdiendo control hacia sus integrantes.
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