Pocas horas después del revuelo generado por la carta de renuncia de Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, uno de los integrantes más importantes de la mesa de paz urbana que avanza en la cárcel de Itagüí, miembros del espacio sociojurídico salieron en defensa de los avances hasta ahora logrados en el proceso.
A través de una rueda de prensa y un comunicado firmado por las partes involucradas, es decir, representantes de estructuras ilegales del Valle de Aburrá y delegados del Gobierno nacional, estos ratificaron su empeño en continuar con la consolidación del espacio a través de una fase de “irreversibilidad”.
Esta se dará, según la senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno nacional para estos diálogos, con la construcción de un acuerdo de paz condicionado en el que aseguraron avanzan en la estructuración de una propuesta.
"No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Todos los procesos de paz pasan por dificultades. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos, y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible", dijo.
Sobre los avances del documento en construcción la congresista indicó que se conocerán en las próximas semanas conforme se acuerde entre las partes, pero destacó avances en componentes como la territorialización de la paz y la reducción de violencias.
No obstante, advirtió que un tercer componente clave es el del tránsito de miembros de estructuras criminales a la legalidad y que depende de una ley que debe tramitarse en el Congreso de la República.
"No estamos hablando de un acuerdo final, estamos hablando de un acuerdo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque depende del Congreso un pedacito, pero va a haber firma de acuerdo, va a haber una estructuración que el país va a conocer, que la ciudad va a conocer, que el Valle de Aburrá va a conocer. Y en eso es lo que estamos trabajando. Ya no queremos solo los hechos aislados, sino un documento sólido", insistió Zuleta.
La senadora antioqueña detalló que se espera que ese acuerdo condicionado incluya temas como la memoria y dignificación de las víctimas, prevención de nuevas violencias y resurgimiento de estructuras, además de la sustitución de economías ilícitas.
Sobre recientes compromisos alcanzados hace varios meses en la mesa aún está pendiente por conocerse el informe de resultados de la extensión del piloto de no extorsión que se amplió a 45 barrios de la ciudad de Medellín y el municipio de Bello hasta mediados del año anterior.