La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Valledupar por presuntas anomalías en la venta de 33 propiedades municipales, entre las que destacan vehículos oficiales, motocicletas, maquinaria, entre otros, debido al presunto precio de venta de estos, los avalúos utilizados y las autorizaciones para llevar a cabo dichas operaciones.
“El Ministerio Público investiga el proceso SAEB-SGR-001-2026 de la administración para la negociación de propiedades como: vehículos oficiales, motocicletas, maquinaria, entre otros, debido al presunto precio de venta de estos, los avalúos utilizados y las autorizaciones para llevar a cabo las operaciones”, escribieron en un comunicado.
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Para ser más exactos, el ente de control busca corroborar si es cierto que estas propiedades se vendieron por aproximadamente $31 millones, tal como se dio a conocer por medios de comunicación; un precio muy inferior al de sus valores reales, y si es necesario la aplicación de faltas disciplinarias.
Por otro lado, en la mira de la Procuraduría está el exsecretario de Infraestructura de la Gobernación de San Andrés, Cristian Fernando Cañón Bernal, a quien le formularon pliego de cargos en las últimas horas por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.
Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la Corporación Autónoma Cardique.
La conducta fue calificada por la Procuraduría provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que según la autoridad Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.