Carlos Arturo Diago, el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea; Diana Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez, Tania Patricia Peñaranda y el actual agente interventor Jaime Humberto Mesa Buitrago, deberán responder ante la Procuraduría en las próximas semanas por los objetivos cumplidos que tuvieron durante sus gestiones al frente de la empresa de energía Air-e, desde que se inició la intervención del Gobierno Nacional en septiembre de 2024.
Así lo anunció desde Barranquilla el procurador Gregorio Eljach, confirmando que en el ente de control están estableciendo el protocolo para esas investigaciones, ya que tienen la intención de solucionar la grave crisis financiera que hay dentro de la compañía con cobertura en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Bajo su opinión, las intervenciones deben ser “para salvar una empresa y no para quebrarla”.
“A los interventores que hubo en diferentes momentos se les está haciendo la averiguación de sus resultado, por un principio: la intervención por norma legal superior tiene por objeto salvar y no quebrar. No hay excusa para que una intervención termine peor de lo que estaba cuando empezó. Aquí ha pasado y sigue pasando. Habrá responsabilidades”, declaró a los medios.
Eljach sostuvo que, por ejemplo, el exministro Palma ya fue llamado a rendir su informe. Sin embargo, aclaró que será un proceso “lento y tortuoso", ya que a cada uno de los agentes se le debe garantizar su derecho de defensa y presunción de inocencia.
En ese sentido, el procurador también convocó a una mesa de trabajo, para el próximo miércoles en Bogotá, en la que se discutirán posibles soluciones para la realidad energética del país. En la cita estarán todos los gremios, empresarios privados y entidades públicas que hacen parte de la generación, distribución o comercialización de ese sector.
El evento se llevará a cabo en el auditorio menor de la Procuraduría y allí, afirmó el procurador, ya no aceptará “más quejas o diagnóstico”, sino solo “propuestas de solución".
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Finalmente, desde este jueves la Procuraduría podrá destituir de sus cargos a los representantes legales de los establecimientos públicos que se nieguen a pagar las deudas por servicios públicos, sin importar que estos pertenezcan al orden nacional.
La iniciativa nació como una alternativa para mejorar la realidad energética del país. Según el procurador Gregorio Eljach, las sanciones no necesitan aprobación del Congreso y se impulsan para poner a estos funcionarios en alerta.
#EnDesarrollo Desde Barranquilla el procurador Gregorio Eljach convocó una mesa de trabajo, para el próximo miércoles en Bogotá, en la que se discutirán posibles soluciones para la realidad energética del país.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2026
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