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La Procuraduría General de la Nación le solicitó al tribunal contencioso administrativo de San Andrés que inicie un incidente de desacato por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por el incumplimiento sobre los vertimientos de aguas residuales domésticas a la cárcel Nueva Esperanza en la isla de San Andrés.
La entidad confirmó que, en una visita de seguimiento efectuada a la cárcel Nueva Esperanza, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina) evidenció una infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias.
El ente de control aseguró que a pesar de que el tribunal ordenó medidas cautelares desde el 2022, contando con un fallo de acción popular protegiendo los derechos colectivos de la población en la isla, aún persisten las descargas intermitentes de aguas residuales en el sector de Schooner Bight por la falta de un sistema de manejo y recolección apropiado.
La Procuraduría advirtió que, de manera irresponsable y deliberada, el Inpec y la Uspcec han incumplido la orden judicial emitida desde el 2022, que pedía remover las tuberías que salen a los predios vecinos para evitar afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas a este centro carcelario.
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