Sigue la controversia por los traslados de cabecillas condenados a resguardos indígenas con aval del gobierno Petro. Blu Radio conoció los documentos y detalles de la decisión de un Juzgado de Ejecución de Penas de Valledupar que autorizó el traslado de Carlos José Robayo Escobar, alias “Guacamayo”, a un resguardo indígena en Cauca.
Carlos José Robayo Escobar, conocido con el alias de 'Guacamayo', señalado narcotraficante extraditado y condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir, recibió autorización judicial para ser trasladado desde la cárcel de Valledupar al resguardo indígena Yu Cehk del pueblo Nasa Pico de Oro, ubicado en la región del Alto Naya, entre Cauca y Valle del Cauca, donde continuará cumpliendo su condena bajo supervisión de autoridades indígenas.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar, luego de analizar documentación remitida por el Ministerio del Interior, las autoridades indígenas y el centro penitenciario.
El caso ha generado controversia debido a que Robayo Escobar no había solicitado durante años ser procesado bajo jurisdicción indígena, pese a enfrentar múltiples procesos judiciales, condenas relacionadas con narcotráfico y estructuras criminales, hasta una extradición, solo después de más de dos décadas de investigaciones y condenas penales presentó un certificado del Ministerio del interior, que lo acredita como integrante activo de la comunidad indígena Yu Cehk del pueblo Nasa.
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Con base en ese documento y la solicitud del gobernador indígena del resguardo, el juzgado autorizó el traslado argumentando la necesidad de garantizar un tratamiento diferencial en la ejecución de la pena.Una modalidad que veedores en regiones han denunciado, por ser usada por varios cabecillas y condenados por graves hechos durante el Gobierno Petro para obtener un traslado fuera de las cárceles.
En el auto judicial se incluyó un informe emitido por el Área Jurídica del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Buenaventura, en el que se certifica que el Centro de Armonización del resguardo “presenta las condiciones dignas necesarias para que los comuneros de este resguardo pernocten dentro del mismo en cumplimiento de una imposición de medida privativa de la libertad”.
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El informe describe que el lugar cuenta con “infraestructura adecuada, dormitorios para albergar aproximadamente a 8 internos, atención médica tradicional, unidad sanitaria, cocina, comedor, sitio de espiritualidad, zona de trabajo de los comuneros y zona proyectada para recreación”. Asimismo, señala que la seguridad está a cargo de “un equipo de guardia indígena bien conformado y estructurado para brindar vigilancia de los internos”.
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Sobre las condiciones de salud, el documento judicial explica que el resguardo dispone inicialmente de “medicina tradicional, médico ancestral y conocimientos ancestrales”, además de alternativas naturales. En caso de requerirse atención médica especializada, el centro de salud más cercano está ubicado en La Playa, Naya, aproximadamente a una hora del territorio indígena.
En la decisión, el juzgado indicó que “es necesario que el señor Carlos José Robayo Escobar reciba un trato diferencial en la ejecución de la pena”, sustentando su determinación en el principio constitucional de buena fe y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre protección de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas.
Pese a ello, el historial judicial de alias “Guacamayo” ha sido ampliamente documentado por las autoridades colombianas y estadounidenses. En 2005, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico internacional de cocaína y vínculos con el Cartel del Norte del Valle.
Años después, al regresar, en Colombia fue condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y porte ilegal de armas. En 2022, la Corte Suprema dejó en firme una condena superior a 42 años de prisión tras rechazar una demanda de casación presentada por su defensa.
Aunque recuperó la libertad en 2018 por decisión judicial, en 2020 volvió a ser capturado y señalado por las autoridades como presunto jefe de “La Gran Alianza”, una red de narcotráfico que operaría en el Valle del Cauca y que estaría integrada por antiguos capos extraditados del Cartel del Norte del Valle que regresaron al país.
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