La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció un grave incidente de orden público ocurrido en el corregimiento de Barragán, zona alta de Tuluá, donde integrantes del frente 57 de las disidencias retuvieron a un equipo de salud que prestaba sus servicios en la comunidad.
El hecho ha generado indignación por representar una violación directa a las normas que protegen la labor sanitaria en zonas de conflicto.
Siete horas de constreñimiento
El suceso afectó directamente al personal de un puesto de salud local. Según el reporte oficial entregado por la mandataria, en el grupo se encontraban “un médico, un auxiliar y un conductor de una ambulancia”.
"Fueron constreñidos, se los llevaron hacia la zona más alta para poder atender a una persona que estaba herida perteneciente a dicha estructura crimina", indicó Toro.
Tras permanecer bajo el control de las disidencias por un periodo de “7 horas”, el personal médico fue finalmente liberado y pudo regresar a la zona urbana.
"Es un atentado contra la misión médica, contra el derecho internacional humanitario. Dejaron sin servicio de salud a toda una población que estaba esperando que fuera atendida", explicó la mandataria en Mañanas Blu.
Un panorama regional crítico
Este incidente en Tuluá se suma a una racha de ataques en el departamento que reflejan el fortalecimiento de las estructuras criminales en las zonas rurales.
La gobernadora recordó que, paralelamente, en la zona alta de Jamundí, el Ejército ha sido blanco de ataques sofisticados con “15 drones” por parte de la disidencia Jaime Martínez.
Ante esta situación, Toro insistió en que es fundamental recuperar el “control territorial institucional” en puntos estratégicos como la vía hacia el Naya y las zonas altas de los municipios cordilleranos, donde la ausencia de la fuerza pública en años anteriores permitió que las disidencias se fortalecieran.
La mandataria concluyó que hechos como el de Barragán demuestran la urgencia de reincorporar unidades militares, como los batallones de alta montaña, para proteger tanto a los ciudadanos como a los servidores de salud.
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