Más de 600 deportados llegan desde Ecuador: Cali activa protocolo de atención y seguridad

Autoridades en Cali se preparan para la posible llegada de ciudadanos colombianos que fueron deportados de Ecuador en las últimas horas, en un proceso que no fue coordinado con las oficinas consulares de Colombia en ese país, por lo que más de 600 privados de la libertad llegaron hasta la frontera con Ecuador en Ipiales, varios de ellos con destino a Cali y Bogotá.Es por eso que se ha activado un equipo interdisciplinario en la capital del Valle, con las autoridades competentes, para atender la masiva llegada de personas con anotaciones judiciales que deberán ser nuevamente evaluadas por la justicia tanto colombiana como ecuatoriana.“En la ciudad estamos preparando toda la logística para que el aparato interinstitucional de la Alcaldía pueda dar un soporte a las personas que estén llegando, por un lado, con la mesa de víctimas que tenemos en nuestra ciudad que es la subsecretaría de víctimas, y por otro buscando que se puedan generar cercos de seguridad para evitar cualquier alteración de orden público”, dijo Álvaro Pretel, secretario de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali.Esta situación se suma a que, por la llegada masiva de ciudadanos a Cali, se podría incrementar el hacinamiento en los centros carcelarios, ya que esta es una de las problemáticas que presenta la ciudad por el aumento de personas que son capturadas en la ciudad vinculadas a diferentes delitos.“Estas personas pueden llegar a afectar diferentes condiciones de hacinamiento carcelario y eso para nosotros si es una preocupación, ya que nuestra meta en la alcaldía es cada vez más brindar mejores condiciones a los privados de la libertad que se encuentran en las diferentes estaciones de policía o incluso en la misma cárcel”, manifestó el funcionario público. En ese orden de ideas desde la administración municipal señalaron que se buscará la manera de establecer los protocolos con las oficinas internacionales y con Migración Colombia para brindarles a las personas que lleguen el debido proceso judicial, además de óptimas garantías que no afecten sus derechos.