Buenaventura , el principal puerto de Colombia en el Pacífico, atraviesa una nueva ola de violencia que ha llevado a un refuerzo en las medidas de seguridad. Sin embargo, la ciudadanía sigue reclamando el incumplimiento de promesas gubernamentales que, según ellos, han dejado a la región sumida en una crisis social y de orden público.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro , confirmó que la tregua entre bandas criminales que operan en la ciudad se rompió en febrero, lo que ha desencadenado un aumento en los homicidios y ha generado temor en la población.
“La gente está con mucho miedo, le da miedo salir, ir al colegio, ir a la universidad”, expresó la mandataria en una entrevista con Mañanas Blu.
Las cifras son alarmantes: al menos 50 homicidios en lo que va del año, comercios cerrando a las 6:00 p.m. por temor a extorsiones y ataques, y cientos de familias atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales.
Un consejo de seguridad en Buenaventura
Ante la grave situación, el Gobierno Nacional realizó un consejo de seguridad en el que participaron la cúpula militar, la alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del Valle. Toro explicó que dentro de las medidas adoptadas se fortalecerá el control territorial mediante la presencia de fuerzas especiales en las zonas más afectadas por la violencia.
“No podemos dejar que se siga asesinando gente inocente. La Policía y la Armada entrarán con mayor presencia en los barrios para recuperar la seguridad”, afirmó la gobernadora.
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Además del despliegue militar, se discutió la necesidad de inversión social para atender las causas estructurales del conflicto. Se anunciaron programas para jóvenes, iniciativas de empleo y mejoras en infraestructura, aunque la mandataria advirtió que la falta de articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y el municipio ha dificultado la implementación efectiva de estas políticas.
Promesas incumplidas y reclamos ciudadanos
Pese a los anuncios, la comunidad de Buenaventura sigue denunciando que las promesas hechas por diferentes gobiernos no se han cumplido. Uno de los compromisos más reiterados es la mejora en el suministro de agua potable, un problema que ha persistido durante décadas.
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“El acueducto comenzó a construirse hace cinco años con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no se ha terminado. Hay dinero disponible, pero las obras no avanzan”, señaló la gobernadora Toro.
Además, recordó que durante el Paro Cívico de 2017 se acordaron inversiones en infraestructura, educación y empleo, compromisos que fueron ratificados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, hasta la fecha, los avances han sido mínimos.
“Se necesita voluntad y recursos para ejecutar el plan que ya está diseñado”, subrayó Toro.
El proceso de paz total impulsado por el Gobierno Nacional también enfrenta dificultades en Buenaventura. La mesa de diálogo con las bandas Los Shottas y Los Espartanos, que en su momento permitió reducir los homicidios, se encuentra en crisis.
Según la gobernadora, la ruptura de la tregua se produjo porque las organizaciones criminales consideran que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos, en particular la suspensión de órdenes de captura contra algunos de sus miembros. Sin embargo, Toro enfatizó que, a pesar del diálogo, las bandas continúan delinquiendo: “No han dejado de extorsionar, siguen con el microtráfico y han asesinado a personas ajenas al conflicto”.
La incertidumbre sobre el futuro de estos diálogos se agudizó con la ausencia del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño , en un reciente debate de control político sobre la estrategia de paz del gobierno Petro. “Si no hay voluntad de paz, el Gobierno debe decidir si continúa con la mesa o si aplica todo el peso de la ley”, advirtió Toro.
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