En cinco días, los ataques ocurridos en 16 municipios del Cauca y seis del Valle, dejaron al menos 21 personas muertas y más de 65 heridas. Además, entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron 586 acciones armadas en ambos departamentos. Con los hechos recientes, el total asciende a aproximadamente 620 ataques. Este comportamiento ubica a 2025 como el año con más atentados en los últimos 15 años en la región.
“El responsable de los atentados es el Bloque Occidental del Estado Mayor Central, la facción disidente de las Farc liderada por 'Iván Mordisco'. Esta estructura es comandada por Iván Idrobo (alias 'Marlon') quien asumió el mando en 2022, luego de la muerte de alias 'Mayimbú' en el marco de una operación militar”, subraya el analisis de la FIP.
Con cerca de 2.651 integrantes distribuidos en al menos 11 frentes, ocho de ellos con presencia directa en Cauca y Valle, esta estructura es identificada como la que más ataques comete, tanto contra la fuerza pública, como contra la población civil.
Entre sus frentes más relevantes están las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, esta última señalada de participar en varios de los atentados recientes. Además, desde 2024 ha sido el bloque con más ataques realizados con drones en el país.
“Lo que ocurre hoy es inseparable de la trayectoria de una región que por más de seis décadas ha padecido la presencia de actores armados ilegales. Desde la aparición de las disidencias en 2018, la violencia se ha mantenido de forma sostenida. A esto se suma el valor estructural del territorio: Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales. Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales. Por eso ha sido, históricamente, un espacio de disputa entre distintos actores armados”, señala la FIP.
Fallas de la paz total
Sobre las causas del deterioro, la FIP advierte que parte de la situación actual está relacionada con fallas en la implementación de la política de paz total. En ese sentido, señalan que “el deterioro de las condiciones de seguridad es, en parte, el resultado de una conducción errada, sin método y capacidades”, y que los ceses al fuego adoptados sin verificación suficiente terminaron favoreciendo el fortalecimiento de estas estructuras ilegales.
El análisis también cuestiona el enfoque del debate público frente a esta situación: “Coyunturas como los ataques de estos grupos, que crean escenarios críticos en las condiciones de seguridad e impactan en la polarización del país”.
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Frente a esto, la FIP advierte que ese planteamiento resulta limitado, al señalar que ese escenario desvía la verdadera discusión de “no desechar procesos de negociación y sometimiento con método, capacidades y líneas rojas, que de manera articulada permitan construir y poner en marcha una estrategia integral de seguridad”.
“El reto es no caer en la trampa de "paz o plomo", sino articular de manera efectiva la política de paz con una estrategia de seguridad”, advierten.
Según el análisis de la FIP, el acuerdo de paz logró reducir la confrontación en la zona, pero anotan que las dificultades en su implementación dejaron vacíos que posteriormente fueron ocupados por disidencias, el ELN y otras redes criminales.
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En esa línea, los hechos recientes representan un proceso de largo plazo, que se ha venido consolidando en los últimos años. Sobre el caso del Cauca, la FIP advierte que la situación es especialmente crítica: “El año pasado se registraron 175 hechos, un 52 % más que en 2024”.
El informe también señala que no hay una única causa que explique esta escalada, sino que responde a “la convergencia de factores operativos, económicos y organizacionales, bajo los cuales estos ataques pueden cumplir múltiples funciones”.
Por ello, advierte que la respuesta debe enfocarse en prioridades concretas como proteger a las comunidades, fortalecer las capacidades de la justicia y la fuerza pública, recuperar el control territorial, reforzar los mecanismos de desmovilización y sometimiento individual, y prevenir el reclutamiento.
“También es crucial golpear las finanzas criminales y contener la expansión de estos sistemas; fortalecer el control de fronteras, en particular el tráfico de armas; combatir la infiltración y la corrupción mediante mejores capacidades de contrainteligencia e investigación”, añade.
En ese mismo sentido, el Equipo Humanitario País (EHP) advirtió sobre el deterioro acelerado de la situación humanitaria en el suroccidente del país, y alertó que 22 municipios del Cauca enfrentan una crisis en “rápida escalada”, marcada por restricciones a la movilidad, dificultades de acceso y afectaciones directas a la población civil. Además, señalaron que la Vía Panamericana no se considera actualmente una ruta de acceso seguro.
“Esta situación evidencia riesgos para la población civil, quienes requieren urgentemente medidas de protección efectivas para salvaguardar sus vidas, además de la garantía al acceso a sus derechos y el acceso a la ayuda humanitaria. Hechos similares han sido reportados en Valle del Cauca y Nariño”, añaden.
Frente a este panorama, el EHP hizo un llamado urgente a los actores armados a cesar los ataques contra la población civil y a garantizar el acceso humanitario “seguro, oportuno y sin restricciones”, al tiempo que instó al Gobierno a reforzar las medidas de prevención, protección y presencia institucional en los territorios más afectados.
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