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Más de 72 horas duró el bloqueo en la vía hacia Buenaventura, en los sectores de La Víbora y Cocomar, donde comunidades indígenas, afro y campesinas impedían el paso vehicular.
La apertura de la vía se logró después de varias horas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y los manifestantes, por lo que no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
En el encuentro se estableció un espacio permanente de concertación, en el que, del 20 al 24 de octubre, se realizarán reuniones para definir soluciones a las diferentes peticiones de la comunidad.
Hay que tener en cuenta que estos tres días de bloqueo generaron un alto impacto negativo en la economía de la región, pues no solo se afectó el comercio exterior, sino también el abastecimiento de Buenaventura y otras poblaciones del litoral Pacífico. Las pérdidas superan los 30 mil millones de pesos.
“Detrás de cada cierre no solo hay camiones detenidos, hay familias que no pueden trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Estos mecanismos de presión son irresponsables con los derechos de la mayoría y profundizan las brechas sociales”, indicó el director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, Juan Manuel Sanclemente.
Actualmente se realiza un acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte en la vía, con puntos de control en Loboguerrero, Cisneros y Confamar, para evitar afectaciones a los conductores y transportadores.
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