A pocas horas de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente dejó en firme una de las decisiones ambientales más esperadas por organizaciones defensoras del agua en Santurbán: la creación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "La Baja", una zona estratégica para la conservación del recurso hídrico en el Macizo de Santurbán.
La medida quedó consignada en la resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se delimita una reserva de 1.499,28 hectáreas en jurisdicción del municipio de California, Santander.
De acuerdo con el acto administrativo, el objetivo es proteger los recursos naturales renovables y el sistema hídrico superficial y subterráneo, garantizando los procesos de recarga, infiltración, almacenamiento, circulación y descarga del agua, además de preservar la conectividad hidrogeológica de este ecosistema estratégico.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución establece que, dentro del área declarada como reserva, no podrán otorgarse nuevas concesiones, contratos, permisos ni licencias para actividades de exploración y explotación de minerales.
Sin embargo, la norma aclara que los proyectos mineros que ya cuenten con títulos e instrumentos ambientales vigentes podrán continuar bajo las condiciones inicialmente autorizadas, siempre que no amplíen sus áreas de explotación, abran nuevos frentes mineros o incrementen los volúmenes de producción.
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Asimismo, los procesos de formalización minera que ya estaban en curso podrán seguir su trámite hasta obtener una decisión definitiva.
La resolución fue recibida con satisfacción por organizaciones ambientalistas y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que aseguraron que la decisión es el resultado de 17 años de movilización ciudadana y más de 8.000 firmas en defensa de este ecosistema.
Los voceros sostienen que la protección definitiva de La Baja y la permanencia de áreas de reserva temporal en Santurbán representan un avance para garantizar el abastecimiento de agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
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No obstante, advirtieron que esperan acciones judiciales por parte de empresas mineras para intentar reversar la medida, por lo que anunciaron que defenderán la decisión en los escenarios jurídicos y ciudadanos.
Para los pequeños mineros y habitantes del páramo, la resolución fue "una patada" a las comunidades que durante años han pedido participar en las decisiones sobre el territorio. Aseguran que el acto administrativo fue expedido de afán, al cierre del gobierno Petro.
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