Un Juez de Bucaramanga absolvió, en un fallo de primera instancia, a la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016.
El caso estuvo marcado por la polémica del supuesto pago de tamales a $30.000 para el complemento alimenticio de cerca de 100.000 estudiantes en 82 municipios del departamento, un hecho que generó amplio rechazo en su momento.
Según explicó Rodrigo Parada, abogado defensor de la exfuncionaria, la decisión judicial concluyó que no existieron irregularidades en la actuación de los implicados. “La judicatura determinó que ninguna de las personas procesadas, incluida Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en 2016, Aníbal González, y el interventor del contrato, cometieron conductas contrarias a la ley”, afirmó.
Parada indicó que, durante el proceso, la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones. “No solo no había soporte probatorio, sino que tampoco se cumplía con lo que exige la ley para una condena”, señaló.
Uno de los puntos más controversiales del caso, el presunto sobrecosto en la compra de alimentos fue desestimado en el fallo. De acuerdo con la defensa, se demostró que dichos pagos “nunca se realizaron”, por lo que la narrativa de los “tamales a 30.000 pesos” no tuvo respaldo en las pruebas presentadas en juicio.
Parada aseguró que este elemento afectó significativamente la percepción pública del proceso. “Ese tema le hizo mucho daño al caso, pero quedó claro que nunca ocurrió”, sostuvo.
El proceso, que se extendió por casi 10 años desde 2017, incluyó la práctica de más de 300 pruebas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Durante este tiempo, tanto Tarazona como González enfrentaron incluso privación de la libertad, que la defensa calificó como injusta.
El abogado también cuestionó algunos de los argumentos del ente acusador, al señalar que se basaron en criterios que no estaban contemplados en la ley. Entre ellos, mencionó cuestionamientos sobre los requisitos de experiencia exigidos en la contratación, que, según dijo, eran acordes con el monto del contrato.
Por ahora, se trata de un sentido del fallo absolutorio que deberá ser formalizado en las próximas semanas con la lectura oficial de la sentencia. La Fiscalía tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante una segunda instancia.
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