El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció que serán judicializadas las personas señaladas de vandalizar y pintar grafitis las fachadas de una iglesia cristiana, un establecimiento educativo y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay durante una manifestación contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Según el mandatario, los daños ocasionados quedaron registrados en las cámaras de seguridad, material que serviría como elemento de prueba para identificar a los responsables y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.
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“El vandalismo no es un derecho”, afirmó Portilla, al rechazar los hechos ocurridos durante la movilización, que reunió a cerca de 5.000 personas en diferentes calles de Bucaramanga.
El alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla anunció que serán judicializados los encapuchados señalados de vandalizar una iglesia cristiana, un colegio y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay durante una marcha contra el gobierno de Abelardo de la Espriella #MañanasBlu pic.twitter.com/hIr5FL1hwU
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026
El alcalde también se refirió al decreto 1525, relacionado con el uso de la fuerza durante las manifestaciones, y señaló que debe ser objeto de un análisis profundo para establecer las condiciones que permitan su cumplimiento.
Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los presuntos responsables de los daños, mientras se mantiene el debate sobre las garantías para el ejercicio de la protesta social y la protección de los bienes públicos y privados.
El decreto 1525 del Uso de la Fuerza durante manifestaciones, debe tener un profundo análisis para que se pueda cumplir.
— Cristian Portilla (@Cportilla40) October 15, 2026
El vandalismo no es un derecho. @Rodrigo_Lara_ @mindefensa @PoliciaColombia pic.twitter.com/N0PIvCa9MZ
La manifestación estuvo dirigida contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. En medio de la jornada, los daños reportados en la iglesia cristiana, el colegio y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay pusieron nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites entre el derecho a la protesta y las conductas que pueden constituir delitos.