La Procuraduría reforzó las acciones de vigilancia preventiva y disciplinaria sobre el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre, en Barrancabermeja, una de las obras de saneamiento ambiental más importantes para el Distrito y que actualmente enfrenta cuestionamientos por retrasos en su ejecución que avanza en un 65%.
La entidad informó que realizó una visita técnica e inspección a las obras a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja y la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, con el propósito de verificar el estado actual del proyecto y revisar el manejo de los recursos públicos destinados a su construcción.
Durante la jornada, el Ministerio Público evaluó el avance físico de las obras, la ejecución presupuestal y las dificultades técnicas y contractuales que enfrenta la iniciativa.
“La actuación se desarrolla en medio de denuncias relacionadas con presuntos retrasos, posibles sobrecostos, manejo de anticipos y demoras en la ejecución contractual, situaciones que han generado preocupación entre la comunidad y llamados de atención de diferentes organismos de control” dice el comunicado de la Procuraduría.
La PTAR San Silvestre es considerada una obra estratégica para Barrancabermeja debido a que permitirá tratar cerca de 1,2 metros cúbicos de aguas residuales por segundo y remover aproximadamente el 90 % de la carga orgánica contaminante que actualmente llega a diferentes cuerpos de agua de la región.
Entre los ecosistemas que se verían beneficiados con la entrada en funcionamiento de la planta se encuentran el río Magdalena, las ciénagas Miramar y Juan Esteban, las quebradas Camelias, Pozo Siete, Las Lavanderas y La Paz, además de los humedales San Silvestre, Palmira, San Judas y El Castillo.
El proyecto fue adjudicado en 2017 con un presupuesto inicial de $169.000 millones y ha estado rodeado de controversias debido a los constantes aplazamientos en su cronograma. En 2022, la empresa Aguas de Barrancabermeja reconoció que, tras cinco años de ejecución, las obras apenas alcanzaban un avance cercano al 24 %, pese a que inicialmente debían estar terminadas en 2021.
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En ese momento, sectores ambientalistas advirtieron sobre el riesgo de que la PTAR se convirtiera en un "elefante blanco" y solicitaron la intervención de los organismos de control. También surgieron cuestionamientos por cambios en la conformación del consorcio constructor y por la falta de información sobre el futuro del proyecto.
Aunque posteriormente se realizaron ampliaciones contractuales y ajustes en los plazos de ejecución, la situación continúa generando preocupación. Actualmente, la obra permanece paralizada y enfrenta dificultades financieras, debido a presuntas deudas cercanas a los $3.000 millones con proveedores, situación que habría provocado la retención de maquinaria indispensable para continuar los trabajos.
La nueva intervención de la Procuraduría busca establecer el estado real del proyecto y verificar que los recursos públicos invertidos en esta megaobra sean utilizados de manera adecuada, en momentos en que la comunidad espera respuestas sobre el futuro de una infraestructura considerada fundamental para la recuperación ambiental de Barrancabermeja.
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