El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro, Santander, condenó a seis personas por delitos relacionados con la contratación pública y el manejo de recursos del municipio de San Gil. Entre los sentenciados se encuentran los exalcaldes Ariel Fernando Rojas Rodríguez y Urbano Ballesteros Rangel, así como el concejal Edinson Rangel.
De acuerdo con la decisión judicial, Rojas Rodríguez fue condenados a 66 meses de prisión, equivalentes a cinco años y medio, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También recibió una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 80 meses y una multa de 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Por su parte, Urbano Ballesteros Rangel fue condenado a 80 meses de prisión, es decir, seis años y ocho meses, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, deberá pagar una multa de $51.676.917 y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la pena.
En el mismo proceso, Rosaura Bayona Vargas, Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero fueron condenados a 74 meses de prisión, equivalentes a seis años y dos meses, por el delito de peculado por apropiación. Cada uno recibió, además, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término y una multa de $51.676.917, correspondiente al valor de los recursos apropiados. Entre tanto Jesús David Flórez Roncancio, fue condenado a 66 meses de prisión.
El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.
Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.
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La decisión judicial también incluyó absoluciones por algunos de los cargos. Ariel Fernando Rojas Rodríguez fue absuelto del delito de peculado por apropiación, mientras que Rosaura Bayona Vargas y Edison Rangel Guerrero fueron absueltos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Adicionalmente, el juzgado declaró prescrita y extinguida la acción penal por algunos delitos de falsedad documental. En el caso de Bayona Vargas, la decisión cobijó los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Para Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero, la prescripción se declaró por falsedad en documento privado.
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El juzgado negó a los sentenciados la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Sin embargo, dispuso que permanezcan en libertad de manera provisional hasta que la sentencia quede en firme.
Una vez la decisión quede ejecutoriada, se emitirán las órdenes de captura para que los condenados sean trasladados al centro penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Frente a la reparación económica de los perjuicios ocasionados al municipio, el despacho judicial aplazó la decisión hasta que se adelante el incidente de reparación integral solicitado por los representantes de las víctimas.
Contra la sentencia procede el recurso de apelación.