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Condenan a exdirector de la Caja de Previsión de Bucaramanga por contrato irregular

La decisión judicial confirmó la responsabilidad de José Gabriel Jaimes Rodríguez por celebrar un contrato de arrendamiento sin cumplir los requisitos legales.

Juicio / referencia
Juicio / referencia
Foto: EFE

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena de seis años de prisión contra el exdirector de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, José Gabriel Jaimes Rodríguez, tras encontrarlo responsable en la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales cuando estuvo al frente de la entidad.

La decisión ratifica la sentencia emitida en primera instancia por un juez del circuito, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La investigación estableció que en septiembre de 2014 el entonces funcionario suscribió un contrato de arrendamiento por 41,7 millones de pesos para el alquiler de un inmueble ubicado en el centro de Bucaramanga, donde funcionarían dependencias de la Caja de Previsión Social.

De acuerdo con el ente acusador, “el contrato fue pactado inicialmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y su valor fue cancelado de manera anticipada. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, las partes firmaron un acta aclaratoria mediante la cual se prorrogó el arrendamiento durante los tres primeros meses de 2015 y se redujo el canon mensual al 50 % del valor inicialmente acordado”.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el proceso contractual se adelantó sin cumplir los principios de transparencia, planeación y economía que rigen la contratación pública.

Según la investigación, antes de suscribir el contrato debían realizarse estudios de conveniencia y oportunidad, análisis del sector, verificación de la disponibilidad presupuestal y la definición de las condiciones técnicas, requisitos que fueron elaborados de manera posterior a la firma del contrato.

Además de la pena privativa de la libertad, el exdirector fue inhabilitado para ejercer cargos y funciones públicas durante el mismo término de la condena, es decir, seis años.

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