La crisis en el campo de producción Yariguí–Cantagallo, en el Magdalena Medio, se agudiza. Ecopetrol anunció la suspensión de 17 contratos con empresas de la región, debido a las protestas que desde el pasado 29 de marzo mantienen comunidades y agremiaciones de taladreros en la zona.
Según la compañía, la situación ha impactado directamente a 414 trabajadores y sus familias, quienes dependen de las actividades operativas del campo.
Las manifestaciones, que inicialmente surgieron como un reclamo por una supuesta desinversión en la zona, han derivado en bloqueos que impiden el ingreso de personal, así como el abastecimiento de alimentos y agua potable para quienes permanecen en las instalaciones.
Ecopetrol advirtió que, en medio de esta situación, “se han registrado actos de sabotaje en pozos productores, como el corte de cables de suministro eléctrico, lo que representa riesgos tanto para las personas como para la infraestructura y el medio ambiente”, dice el comunicado de Ecopetrol.
Además, la empresa alertó sobre posibles fallas en la contención de algunos pozos, que no han podido ser atendidas oportunamente debido a las restricciones de movilidad impuestas por los bloqueos.
Ante este panorama, la estatal activó el Plan de Continuidad Operativa, con el fin de salvaguardar la integridad del personal y proteger las instalaciones del campo, considerado estratégico para la producción de crudo en el país.
La compañía también hizo un llamado a las autoridades de Puerto Wilches y Cantagallo para que, en el marco del Puesto de Mando Unificado, se adopten medidas que permitan restablecer el orden público y garantizar la seguridad en la zona.
Frente a uno de los principales reclamos de las comunidades, Ecopetrol aclaró que no existe un proceso de desinversión en el campo Yariguí–Cantagallo, sino ajustes en la priorización de recursos para 2026, en línea con directrices corporativas.
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