Los resultados electores marcaron un descontento generalizado de los municipios de Santander con el actual Gobierno y con las políticas que impulsa. De los 87 municipios de la región, sólo dos apoyaron a Iván Cepeda, mientras que en los 85 restantes la victoria de Abelardo De La Espriella fue contundente y clave para lograr el triunfo como nuevo presidente de Colombia.“Se consolida un poco lo que pasó en la primera vuelta, que los santanderes son un bastión de lealtades electorales de candidatos de la derecha, incluso arriba de Antioquia. Santander votó 64 por ciento esta vez por Abelardo, lo mismo que Antioquia, pero de ese 64%, es decir, del aumento de la votación de De La Espriella, que fue cerca de 140 mil votos, allí es obvio que recogió casi los 80 mil votos de Paloma, y digamos que 60 mil votos apañó en todos los otros candidatos”, expresó Julio César Acelas, analista político.En Santander Iván Cepeda obtuvo 343.998 votos en la primera vuelta y aunque aumentó a 431.551 en segunda, los números de Abelardo De La Espriella por poco lo doblan en la jornada de ayer: 822.592 votos que corresponden al 64,58 %.El candidato de izquierda mantuvo su dominio en Barrancabermeja y Puerto Wilches donde ganó con 83.663 votos (64,92 %) y 10.288 (59,95 %), respectivamente, superando al nuevo presidente que obtuvo 43.584 y 6.722 en esos municipios.Para los analistas políticos de la región la victoria de Cepeda en Barrancabermeja y Puerto Wilches es un punto de reflexión, pues estos municipios hacen parte de la zona del Magdalena Medio, un territorio que ha tenido problemas de narcotráfico, gran influencia de grupos armados ilegales y en general violencia.Más allá de los temas de orden público, el analista político Julio César Acelas expresó que en Barrancabermeja y Puerto Wilches debe haber mucha expectativa con el nuevo gobierno que ha planteado una política minero-energética totalmente diferente, con la idea de impulsar el fracking en varias zonas del país.Los santandereanos ahora esperan que el nuevo presidente ayude al departamento luego de 4 años de ausencia total de proyectos e inversiones.
Las autoridades de Santander activaron protocolos de seguridad y verificación luego de que aparecieran panfletos atribuidos a las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en los que se amenaza a integrantes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), líderes sociales y miembros del movimiento político Pacto Histórico en municipios del Magdalena Medio santandereano.Según el documento difundido, varias personas vinculadas a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y actores políticos de Puerto Wilches fueron declaradas como "objetivo militar" y señaladas de pertenecer a grupos insurgentes. En el panfleto se exige además que abandonen el municipio en un plazo de 48 horas.La alerta fue emitida por Credhos, organización que rechazó y condenó las amenazas, advirtiendo que este tipo de hechos ponen en riesgo la integridad de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de la región.Ante la situación, las autoridades departamentales convocaron una mesa de seguridad en la que se evaluaron las acciones de protección para las personas mencionadas en los mensajes intimidatorios. Como resultado, se reforzaron las medidas de seguridad en Barrancabermeja y Puerto Wilches, municipios donde se reportó la circulación de los panfletos.El secretario del Interior de Santander informó que se activaron los protocolos de seguimiento e investigación para establecer el origen de los documentos y determinar su alcance real."Estamos haciendo el acompañamiento debido a lo que informa y anuncia el contenido del panfleto para brindarle las garantías a todos los ciudadanos del departamento de Santander", indicó el funcionario.La Gobernación de Santander confirmó que las autoridades trabajan de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de investigación para verificar la autenticidad de los mensajes y adoptar las medidas necesarias de prevención y protección.Las amenazas se producen en un momento de preocupación por la seguridad en el Magdalena Medio, una región donde históricamente han tenido presencia diferentes grupos armados ilegales. En su comunicado, Credhos recordó que recientemente había advertido sobre la expansión y reconfiguración de estructuras armadas en municipios como Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro.La organización señaló que la aparición de este tipo de panfletos representa un riesgo para el ejercicio de la participación política, la defensa de los derechos humanos y la permanencia de líderes sociales en los territorios. Por ello, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer las garantías de protección para las personas amenazadas y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables.Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier amenaza o situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad a través de la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.
Un nuevo resultado en la lucha contra el hurto de hidrocarburos fue reportado en el departamento de Santander, donde la implementación del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) permitió afectar de manera significativa las economías ilegales que operan en la región del Magdalena Medio.De acuerdo con información oficial, tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Artillería de Campaña n.° 6, lograron la ubicación y neutralización de dos válvulas ilícitas utilizadas, al parecer, por integrantes de grupos armados organizados para el robo de combustibles.Estas estructuras ilegales generaban rentas cercanas a los 400 millones de pesos mensuales cada una, lo que representa una afectación total de aproximadamente 800 millones de pesos mensuales a las finanzas de estas organizaciones criminales.Las operaciones se desarrollaron en zonas rurales del departamento, específicamente en la vereda Comuneros, en jurisdicción de Puerto Wilches, y en la vereda Vizcaína, en Simacota, donde se evidenció la instalación de estos puntos clandestinos que comprometían la infraestructura petrolera.Según las autoridades, este resultado fue posible gracias a la integración de capacidades tecnológicas del CIMVRI y la rápida reacción de las tropas en terreno, lo que permitió detectar y desmantelar estas actividades delictivas.Tras la intervención, se coordinó con personal especializado de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos para realizar la reconexión segura de la infraestructura afectada, evitando la pérdida de combustible y reduciendo riesgos para las comunidades cercanas, así como posibles daños ambientales.El hurto de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio, además de generar graves afectaciones al medio ambiente y a la economía formal del país.Con este tipo de operaciones, el Ejército Nacional busca debilitar las estructuras criminales que operan en la región, al tiempo que protege activos estratégicos y refuerza la seguridad en zonas históricamente afectadas por este delito.
En el marco de operaciones militares y policiales desarrolladas en el Magdalena Medio, fue capturado un hombre conocido con el alias de 'Nilton', señalado de pertenecer a la estructura criminal del Clan del Golfo.La acción fue adelantada de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante labores de registro, control e inteligencia que permitieron ubicar al presunto integrante de esta organización en zona urbana.“En tareas coordinadas con la Sijín de la Policía Nacional se logró la captura de alias ‘Nilton’, quien era requerido por delitos de tráfico de estupefacientes y quien, además, realizaba labores de inteligencia delictiva para la comisión de extorsiones y secuestros”, señaló la Quinta Brigada del Ejército Nacional.De acuerdo con las autoridades, alias 'Nilton' era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Las investigaciones indican que el capturado estaría vinculado a actividades de microtráfico en la región, así como a labores de inteligencia delictiva dirigidas contra la Fuerza Pública en Santander y Antioquia. Asimismo, se le atribuyen posibles funciones dentro de la estructura criminal relacionadas con extorsiones y hechos violentos, orientados a fortalecer el control territorial y las rentas ilícitas en el Magdalena Medio.Las autoridades destacaron que esta captura representa un golpe a las redes urbanas de la organización criminal, debilitando sus capacidades de financiamiento y operación en esta zona del país.El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.Finalmente, la Fuerza Pública reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas en el Magdalena Medio, con el objetivo de contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y fortalecer la seguridad de las comunidades.
Un nuevo bloqueo vial se registra en el departamento de Santander, donde habitantes de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, decidieron cerrar la vía departamental que comunica con Puerto Wilches como medida de protesta.La manifestación surge ante lo que la comunidad califica como abandono institucional frente a las necesidades de la escuela rural de Campo Gala. Padres de familia y líderes del sector aseguran que las condiciones actuales de la institución afectan directamente la calidad educativa de niños y jóvenes, quienes enfrentan dificultades por la falta de infraestructura adecuada y atención por parte de las autoridades.El bloqueo ha generado afectaciones en la movilidad entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, una vía clave para la conexión regional y el transporte de productos, lo que incrementa la preocupación de transportadores y habitantes de la zona. De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca llamar la atención de la administración municipal para que se atiendan de manera urgente las problemáticas de la institución educativa, mediante inversiones en infraestructura, dotación y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo. Este tipo de manifestaciones se suma a otras registradas recientemente en Santander, donde comunidades rurales han recurrido a las vías de hecho para exigir soluciones en temas como educación, vías y servicios básicos, evidenciando el rezago histórico en varias zonas del departamento.Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y el envío de una comisión que permita abrir canales de diálogo con la comunidad y lograr el levantamiento del bloqueo.
La crisis en el campo de producción Yariguí–Cantagallo, en el Magdalena Medio, se agudiza. Ecopetrol anunció la suspensión de 17 contratos con empresas de la región, debido a las protestas que desde el pasado 29 de marzo mantienen comunidades y agremiaciones de taladreros en la zona.Según la compañía, la situación ha impactado directamente a 414 trabajadores y sus familias, quienes dependen de las actividades operativas del campo.Las manifestaciones, que inicialmente surgieron como un reclamo por una supuesta desinversión en la zona, han derivado en bloqueos que impiden el ingreso de personal, así como el abastecimiento de alimentos y agua potable para quienes permanecen en las instalaciones.Ecopetrol advirtió que, en medio de esta situación, “se han registrado actos de sabotaje en pozos productores, como el corte de cables de suministro eléctrico, lo que representa riesgos tanto para las personas como para la infraestructura y el medio ambiente”, dice el comunicado de Ecopetrol.Además, la empresa alertó sobre posibles fallas en la contención de algunos pozos, que no han podido ser atendidas oportunamente debido a las restricciones de movilidad impuestas por los bloqueos.Ante este panorama, la estatal activó el Plan de Continuidad Operativa, con el fin de salvaguardar la integridad del personal y proteger las instalaciones del campo, considerado estratégico para la producción de crudo en el país.La compañía también hizo un llamado a las autoridades de Puerto Wilches y Cantagallo para que, en el marco del Puesto de Mando Unificado, se adopten medidas que permitan restablecer el orden público y garantizar la seguridad en la zona.Frente a uno de los principales reclamos de las comunidades, Ecopetrol aclaró que no existe un proceso de desinversión en el campo Yariguí–Cantagallo, sino ajustes en la priorización de recursos para 2026, en línea con directrices corporativas.
Habitantes de Puerto Wilches y Cantagallo completan varios días de protestas en rechazo a decisiones de desinversión de Ecopetrol, que, según denuncian, pondría en riesgo la economía de esta zona petrolera.Las manifestaciones se concentran en el campo Cantagallo, donde comunidades mantienen un cese de actividades con pancartas y bloqueos que han impedido el normal desarrollo de las operaciones. Los líderes aseguran que la eventual salida de inversión afectaría directamente el empleo y el sustento de cientos de familias.“Estamos haciendo una manifestación pacífica por la desinversión en el campo. Esto nos preocupa porque se eliminarían puestos de trabajo y se vería afectada toda la comunidad”, expresó uno de los manifestantes, quien agregó que el impacto no solo sería laboral, sino también en el comercio y los servicios que dependen de la actividad petrolera.De acuerdo con los voceros, tanto Puerto Wilches como Cantagallo dependen en gran medida de la operación de la empresa estatal, por lo que temen una desaceleración económica si se reducen las actividades en la zona. Por ello, exigen a la compañía revisar su postura y mantener la inversión en estos campos.Desde inicios de semana se presentan alteraciones en la operación del campo Yariguí–Cantagallo debido a bloqueos en puntos clave como estaciones, zonas industriales y puertos fluviales en ambos municipios.La empresa también reportó hechos de vandalismo, ingreso forzado a instalaciones y amenazas contra trabajadores, lo que obligó a solicitar apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad y realizar el apagado seguro de algunas áreas.Además, la compañía informó la suspensión de contratos laborales que impacta a cerca de 320 trabajadores vinculados a empresas contratistas, en medio de la contingencia operativa.Ecopetrol explicó que la continuidad de los proyectos está sujeta a la disponibilidad de inversión y a la planeación corporativa, por lo que no es viable mantener el mismo nivel de operación proyectado para los próximos años.Ante el panorama, Ecopetrol hizo un llamado a los manifestantes y a los líderes del gremio a privilegiar el diálogo como mecanismo para resolver la situación, e invitó a las autoridades locales a acompañar la construcción de acuerdos que permitan restablecer las operaciones.Mientras tanto, las comunidades mantienen su protesta y advierten que continuarán hasta obtener respuestas claras sobre el futuro de la actividad petrolera en la región.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias ‘Máscara’, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander. El procedimiento se desarrolló en medio de planes de control y registro adelantados en la zona rural del municipio.La intervención se produjo en el kilómetro 3, cuando dos personas que se movilizaban en motocicleta intentaron evadir una orden de detención impartida por uniformados. Tras una corta persecución, los agentes lograron detenerlos y practicarles un registro, hallando en su poder seis cartuchos calibre 38 mm. Tanto las municiones como la motocicleta fueron incautadas.Durante las verificaciones, la Policía confirmó que alias ‘Máscara’ tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, presenta antecedentes por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza.Según el reporte oficial, el capturado tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años dentro de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio.Junto con él fue detenida una mujer de 31 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias ‘Máscara’, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Un caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia durante la madrugada de este lunes en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde un menor de edad habría asesinado a su padrastro al intentar defender a su madre en medio de una discusión.De acuerdo con el reporte de la Policía del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 de la madrugada en una vivienda del barrio Villa Wendy, en el casco urbano del municipio.En el lugar falleció Wilmer Campo Mejía, quien recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del pecho, la cual le causó la muerte de manera inmediata.“El hombre llega a su residencia y sostiene una discusión con su compañera sentimental. En medio del altercado, el hijastro, de 16 años, interviene y le propina una herida en el pecho con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el sitio”, señala el informe oficial de la Policía.Tras el hecho, el adolescente fue aprehendido en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos y el proceso judicial correspondiente.La Sijín del Magdalena Medio realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para prevenir los casos de violencia intrafamiliar denunciandolos a tiempo mediante la patrulla púrpura y los entes correspondientes .La violencia de género sigue siendo una de las principales causas de tragedias en el departamento.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantó una agenda en el Magdalena Medio, encabezada por su director general, Adith Rafael Romero, con la entrega de indemnizaciones, dotaciones y reconocimientos a organizaciones de víctimas del conflicto armado. En Puerto Wilches y Barrancabermeja se entregaron 562 cartas de indemnización administrativa, con una inversión que supera los 12.300 millones de pesos, recursos destinados a dignificar y reparar a quienes han sufrido los impactos de la violencia.Adicionalmente, se formalizó la entrega de 370 rollos de tela incautados por la DIAN, los cuales beneficiarán a mujeres víctimas que lideran emprendimientos de confecciones en la región, fortaleciendo sus proyectos productivos y aportando a su autonomía económica.La jornada también contempló la entrega de dotación al comedor escolar de Ciénaga del Opón y a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), como parte de las acciones de fortalecimiento institucional y comunitario en la zona rural de Barrancabermeja. “Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En el departamento de Boyacá se reunió la entidad con varios alcaldes con el compromiso para la creación de un museo de la memoria como homenaje a las víctimas de ese departamento. "Además, en Boyacá, empresarios se comprometen a abrir espacios para que las víctimas generen ingresos económicos y empleo en la región", informó la Unidad de Víctimas. De igual forma, se oficializó la Resolución 2025-106284, mediante la cual se aprueba la inscripción de la Asociación Agrícola, Pecuaria y Pesquera del Guayabo en el Registro Único de Víctimas, reconociendo así a esta organización campesina como sujeto de reparación colectiva en el Magdalena Medio.Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso con la reparación, la dignidad y el fortalecimiento de la población víctima en el Magdalena Medio.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
