El exdirector regional del Sena en Santander, Orlando Ariza Ariza, fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos durante 13 años, luego de que un proceso disciplinario concluyera que presentó un incremento patrimonial que no pudo justificar.
La investigación del Ministerio Público estableció que entre 2020 y 2021 el entonces funcionario registró un aumento en su patrimonio por más de $744 millones, cifra cuya procedencia no quedó plenamente demostrada durante el proceso.
En el fallo disciplinario, la Procuraduría señaló que la defensa del exdirector aportó documentos y declaraciones para explicar el origen de los recursos. Sin embargo, el material probatorio fue considerado insuficiente para aclarar las diferencias patrimoniales detectadas por el organismo de control.
Tras valorar las pruebas recopiladas durante la actuación disciplinaria, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander determinó que la conducta constituye una falta gravísima cometida con dolo, al considerar que el exservidor incumplió el deber de acreditar de manera transparente el origen de los bienes y recursos que hicieron parte de su patrimonio.
El ente de control recordó que quienes ejercen funciones públicas están obligados a demostrar el origen lícito de sus bienes y rentas, un principio que busca fortalecer la transparencia en la administración pública y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La sanción impuesta corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún podrá ser objeto de los recursos contemplados en el procedimiento disciplinario antes de que la decisión quede ejecutoriada.
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