La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres personas por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander.
La investigación involucra a Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron labores de supervisión del contrato, y a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.
De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades estarían relacionadas con las labores de seguimiento y control realizadas durante la ejecución del contrato, suscrito en 2022 y cuyo valor supera los $15.000 millones.
El organismo de control busca establecer si los supervisores y el interventor cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo con los requisitos establecidos.
Uno de los aspectos que llamó la atención de la Procuraduría es que, al parecer, la obra habría comenzado y avanzado sin contar con la licencia de construcción y sin algunos permisos necesarios para el aprovechamiento forestal y el movimiento de tierras.
También se investigan posibles incumplimientos en las labores de supervisión e interventoría, que tenían como propósito advertir y controlar este tipo de situaciones durante el desarrollo del proyecto.
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En esta etapa de la investigación, la Procuraduría calificó provisionalmente la posible conducta de los dos supervisores como una falta grave cometida a título de culpa grave. En el caso del interventor, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.
El proceso disciplinario busca determinar la responsabilidad individual de los interventores y el representante legal del consorcio y establecer si las presuntas omisiones tuvieron consecuencias sobre la adecuada ejecución de una obra destinada a mejorar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita.