Con un plantón en el parque Santander de Bucaramanga, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cuestionaron la cancelación de una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que esperaban escuchar a integrantes del Ejército involucrados en estos procesos y conocer detalles sobre lo ocurrido con sus seres queridos.
La diligencia estaba programada para el miércoles 7 de octubre y hacía parte de los procesos que adelanta la JEP por casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a integrantes de varios batallones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos, algunos de los militares comparecientes ya habían reconocido su participación en estos hechos y estaban llamados a entregar su versión a las víctimas.
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Sin embargo, la audiencia fue cancelada y, según el abogado, hasta ahora no se les ha informado una nueva fecha.
“Los familiares habían generado gran expectativa con esta diligencia y la semana pasada nos informaron que fue cancelada. ¿Cuáles son los motivos? Desconocemos”, señaló Jaimes.
El abogado aseguró que los familiares esperaban respuestas de los militares, especialmente sobre las circunstancias en las que sus seres queridos fueron llevados, asesinados y posteriormente presentados como integrantes de grupos guerrilleros muertos en combate.
La cancelación generó molestia entre las familias que, según Jaimes, incluso se desplazaron desde municipios cercanos a Bucaramanga para participar en la diligencia.
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Durante el plantón, los familiares y sus representantes también cuestionaron algunas decisiones que, según señalaron, podrían afectar su derecho a conocer la verdad y acceder a justicia.
Jaimes aclaró que la protesta no es contra la existencia de la JEP, sino contra lo que considera decisiones y actuaciones de la jurisdicción frente a los casos de crímenes de Estado.
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“Es un plantón en contra de la impunidad de crímenes de Estado en Colombia. Eso es muy distinto, no en contra de la JEP”, explicó.
El abogado cuestionó además la posibilidad de que algunos agentes estatales puedan beneficiarse de decisiones relacionadas con la renuncia a la persecución penal y sostuvo que, desde la representación de las víctimas, se oponen a cualquier medida que, en su concepto, pueda impedir que se conozca toda la verdad sobre estos hechos.
El representante del Equipo Jurídico Pueblos sostuvo que las familias consideran que las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas bajo los estándares del derecho penal internacional y planteó incluso la posibilidad de que estos casos sean conocidos por instancias internacionales.
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Mientras tanto, los familiares permanecen a la espera de que la JEP defina una nueva fecha para la diligencia.