Un procedimiento de control adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para intervenir a un grupo de personas que consumía sustancias psicoactivas en espacio público terminó con la captura de un hombre y una mujer señalados de agredir a los uniformados que atendían el caso en el municipio de Girón.
Los hechos ocurrieron en la diagonal 54 con carrera 24 del barrio San Antonio de Carrizal, donde patrullas de vigilancia encontraron a cerca de 15 personas reunidas consumiendo alucinógenos y protagonizando comportamientos que, según las autoridades, alteraban la convivencia en el sector.
Cuando los policías intentaron restablecer el orden, varias de las personas reaccionaron de forma violenta. En medio de la confrontación, un hombre de 26 años y una mujer de 28 presuntamente atacaron a los uniformados con agresiones físicas y piedras, lo que obligó a los policías a emplear el uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza para controlar la situación.
Como resultado del altercado, dos integrantes de la Policía Metropolitana resultaron lesionados y debieron recibir atención médica. Posteriormente, continuaron con el procedimiento judicial contra los presuntos agresores.
El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó este tipo de hechos y aseguró que la institución mantendrá los operativos para garantizar la seguridad y la convivencia en los municipios que integran el área metropolitana.
"Nuestros policías actúan diariamente para proteger la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos. Rechazamos cualquier acto de violencia contra los servidores públicos y continuaremos ejerciendo la autoridad con profesionalismo, respeto por los derechos humanos y estricto apego a la ley", manifestó el oficial.
Durante el operativo, además de las capturas por el delito de violencia contra servidor público, los uniformados impusieron comparendos a varias personas por el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
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Los dos capturados fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial para su valoración médica y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que los presentará ante un juez de control de garantías para que defina su situación judicial.