La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las Pruebas Saber 11 de más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en la vereda Acapulco de Girón, Santander.
De acuerdo con el Ministerio Público, funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación de Girón y del plantel educativo estarían involucrados en un presunto incumplimiento relacionado con el recaudo y pago de las pruebas, situación que habría impedido que los estudiantes quedaran inscritos oportunamente para presentar el examen el pasado 26 de julio.
El caso se conoció inicialmente luego de que una publicación periodística alertara sobre la situación. En su momento, la secretaria de Educación de Girón, Adela Silva, reconoció que los estudiantes habían sido preinscritos, pero que el pago no se habría efectuado dentro del plazo establecido, por lo que la inscripción no quedó formalizada ante el Icfes.
La funcionaria explicó que la administración municipal realizó gestiones ante el Ministerio de Educación y el Icfes con el propósito de buscar una alternativa para los jóvenes, pero inicialmente la respuesta fue negativa debido a que faltaban pocos días para la presentación del examen.
La situación generó preocupación entre los estudiantes y sus familias, quienes manifestaron que habían entregado el dinero correspondiente al colegio dentro de los tiempos establecidos y cuestionaron por qué esos recursos no fueron pagados oportunamente ante el organismo encargado de las pruebas.
Ahora, la Procuraduría busca determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el proceso de inscripción y pago y cuáles fueron las razones por las que el trámite no se completó dentro del plazo establecido.
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Para esclarecer lo ocurrido, el organismo de control solicitó soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y demás documentos relacionados con el proceso adelantado por la institución educativa y las autoridades competentes.
La indagación también pretende establecer si hubo alguna actuación irregular por parte de funcionarios públicos y, de encontrarse mérito, determinar las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas del caso.