Procuraduría inhabilita a exalcaldes de Gámbita y Guaca, Santander, por presunta corrupción

Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta al exalcalde de Gámbita, Santander, William Herrera, por irregularidades presentadas en la contratación del municipio. El exmandatario adquirió servicios sin que existiera ningún compromiso contractual y los canceló con dinero propio para que luego le fuese reintegrado.

“El exalcalde no contó con los estudios de necesidad y conveniencia y de justificación de la modalidad de contratación ni con los respectivos certificados presupuestales para la adquisición de bienes y servicios”, dice el informe de la Procuraduría.

Según la investigación del órgano de control, contrajo obligaciones en representación del municipio sin el lleno de los requisitos legales. Para ello, expidió ocho resoluciones en las que se reconocía el pago de los servicios adquiridos, que previamente habían sido cancelados con su dinero.

Le puede interesar:

Foto: Alexa Rochi-Presidencia

Nación

Ministro Osuna sobre reforma a la justicia: "No hay nada relacionado con la reelección presidencial"

Foto suministrada.

Nación

¿Qué pasa con los 40 carrotanques de agua varados en La Guajira? Millonario contrato, en la lupa

En otro caso, la Procuraduría General de la Naciónconfirmó la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta a la exalcaldesa de Guaca, Santander, Elba Carvajal Valencia, “quien permitió que un tercero se apropiara de recursos públicos que debían ser entregados como subsidios complementarios para vivienda”.

Según el fallo de segunda instancia, la exmandataria “supeditó la entrega de dicho subsidio a que los beneficiarios autorizaran girar el dinero a favor de la Organización No Gubernamental (ONG), Corporación Municipal y Departamental de Proyectos Comunitarios (Cormudeco)”.

“44 de los 50 beneficiarios autorizaron la entrega del monto que les fue asignado a la citada ONG, por ser la organización encargada por la administración de realizar la adecuación de sus lotes. Pese a que solo se obtuvieron 44 autorizaciones, la representante legal de la ONG presentó cuenta de cobro por $ 75 millones, que correspondían al valor total de los subsidios asignados”, dice el reporte de la Procuraduría.

Según el informe, Carvajal Valencia dispuso entonces el traslado, sin autorización, del valor de seis subsidios adicionales que no fueron notificados de la asignación.

“Por su parte, la tesorería de Guaca (Santander) autorizó el pago del valor ya señalado a favor de la citada organización, con lo cual, se materializó el desvío de los recursos a favor de un tercero”, agrega el informe.

Vea también: