La Procuraduría General de la Nación intensificó el seguimiento preventivo al corredor vial Bucaramanga-San Gil, ante las condiciones de deterioro que presenta la Ruta Nacional 45A y los compromisos que, según el organismo de control, aún están pendientes con las comunidades y el sector transportador de Santander.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el PR 53, donde se han registrado procesos de socavación, pérdida de banca e inestabilidad del terreno. Frente a esta situación, la Procuraduría le solicitó al Instituto Nacional de Vías, Invías, entregar información detallada sobre el estado de la emergencia, las medidas de mitigación implementadas, los recursos ejecutados y las obras previstas para garantizar la seguridad y la movilidad por este corredor.
El seguimiento también incluye los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo con transportadores y comunidades. La entidad pidió conocer los avances físicos y financieros de las obras, el cumplimiento de los cronogramas y los compromisos relacionados con las tarifas diferenciales de los peajes, el estudio socioeconómico para una eventual reubicación del peaje de Saboyá y la instalación de mesas técnicas.
Otro de los asuntos que está bajo la lupa es la suspensión del Servicio de Atención al Usuario, SAU. La Procuraduría pidió al Invías explicar las razones de esta decisión y las alternativas habilitadas para atender incidentes y emergencias que puedan presentarse en la carretera.
El Ministerio Público advirtió que mantendrá la vigilancia sobre este corredor vial y las actuaciones de las entidades responsables, con el propósito de que se adopten soluciones oportunas y se garantice la seguridad de quienes transitan entre Bucaramanga y San Gil.