Estudiantes de la sede C del Colegio Damaso Zapata de Bucaramanga serán reubicados en la sede principal de la institución, tras un fallo judicial, que ordena realizar una remodelación y fue emitido dentro de una acción popular, que impuso una medida cautelar para proteger la integridad de los menores y garantizar condiciones seguras para la prestación del servicio educativo
Sin embargo, hay rechazo de padres de familia, quienes han manifestado su inconformidad con el traslado, dado que son 350 niños que viven en diferentes zonas alejadas de la ciudad y varios de ellos tienen apenas 5 años, los cuales, incluso, tendrían que levantar a sus hijos en horarios exorbitantes para llegar a sus respectivas clases, además de que temen que la sede en el barrio sea definitivamente clausurada.
Por su parte, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín, manifestó que “la prioridad es la vida y seguridad de nuestros estudiantes”.
Asimismo, explicó que la medida implica retomar las clases de manera presencial en la sede A del colegio técnico superior , dada la gravedad del deterioro estructural.
De igual manera, confirmó que sostuvo reuniones con la comunidad educativa y con la Arquidiócesis de Bucaramanga, propietaria del predio, antes de tomar dicha decisión.
Durante los encuentros, se definió un plan de acción en tres etapas: corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo y no dejar a los niños sin terminar su año escolar.
Como medida inmediata, los estudiantes serán reubicados en la sede A del Instituto Técnico Dámaso Zapata, donde se ha preparado la logística para recibirlos, Para ello, ya está habilitado el servicio de transporte escolar gratuito, que facilitará su traslado diario, y además, se ha coordinado la entrega del Programa de Alimentación Escolar PAE en la sede temporal.
A mediano y largo plazo, las autoridades educativas continúan dialogando con la Arquidiócesis para definir las obras necesarias de mitigación del riesgo estructural en la sede María Cano, con el objetivo de habilitar nuevamente sus instalaciones en condiciones seguras.
La alcaldía enfatizó que la medida es de carácter obligatorio y responde a un fallo judicial.