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Por falta de licencia ambiental y de permisos del Instituto Colombia de Antropología e Historia fue suspendido hasta marzo de 2025 el megaproyecto del Anillo Vial Externo Metropolitano. La suspensión de la obra generó la terminación e interrupción de 80 contratos laborales, por lo que trabajadores y extrabajadores reclaman los pagos de sueldos de octubre y noviembre, al igual que liquidaciones a quienes fueron desvinculados.
Los denunciantes afirman que, tras la suspensión de los contratos de trabajo a finales de octubre, los trabajadores que aún permanecen vinculados al proyecto no han recibido el pago de sus salarios. Según ellos, la empresa ha justificado los retrasos señalando que la Gobernación de Santander no ha girado los recursos necesarios para que el Consorcio Progreso Metropolitano pueda cumplir con sus compromisos.
"Nos dicen que no tienen dinero porque la Gobernación no les ha pagado las actas, pero no nos dan ninguna explicación clara ni fechas de pago", indican los afectados.
Además, cuestionan cómo una empresa con dificultades financieras ha podido recibir el contrato para este proyecto, sin garantizar la capacidad para cumplir con los pagos y las obligaciones laborales.
Ante la denuncia, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, se refirió al tema, explicando que la situación con el proyecto del Anillo Vial Externo Metropolitano es compleja debido a diversos retrasos en los trámites necesarios.
Mendoza explicó que la Gobernación heredó el proyecto sin los trámites ambientales realizados, sin gestión predial y sin un plan arqueológico aprobado por el Icanh (Instituto Colombiano de Antropología y Historia), lo que ha afectado el avance de la obra.
"Las actividades de obra, como las excavaciones, tuvieron que suspenderse porque el Icanh nos llamó la atención por no haber iniciado los trámites arqueológicos. Por lo tanto, no pudimos continuar con las excavaciones y nos hemos concentrado en los trámites ambientales y prediales", explicó Mendoza.
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A pesar de los avances en estos trámites, la funcionaria mostró preocupación por la situación de los trabajadores y se comprometió a intervenir para que el consorcio cumpla con los pagos adeudados. "Nos comprometemos a llamar al contratista al orden para que paguen los salarios correspondientes a las personas que han trabajado en el proyecto", aseguró Mendoza.
La Gobernación de Santander proyecta que las intervenciones en obra podrían reiniciarse entre febrero y marzo de 2025, una vez que se levanten las restricciones relacionadas con los trámites ambientales y arqueológicos.
Igualmente, detalló que ya se han presentado más de 50 ofertas de compra de predios a los propietarios afectados, y que esperan la autorización del Icanh para continuar con la ejecución de la pavimentación del corredor.
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