La comunidad migrante en Santander pidió al Gobierno Nacional diferenciar entre delincuencia y migración irregular, y advirtió que miles de venezolanos no han podido regularizar su situación por falta de mecanismos vigentes.
El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de iniciar operativos para identificar y deportar a los migrantes en situación irregular generó preocupación entre la comunidad venezolana en Bucaramanga. Organizaciones de apoyo a esta población aseguraron que la medida puede aumentar la estigmatización y el temor entre quienes permanecen en el país sin documentos, pese a no haber cometido ningún delito.
La decisión fue anunciada durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde el mandatario ordenó a Migración Colombia y a la Policía comenzar operativos contra extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas y, posteriormente, contra quienes no tengan regularizada su situación migratoria. El Gobierno aseguró que los procedimientos comenzarán esta misma semana y que hacen parte de su nueva política de seguridad.
Frente a este panorama, Mario Atria, líder de la comunidad venezolana en Bucaramanga, hizo un llamado a utilizar el término correcto para referirse a esta población y explicó que la falta de documentos no convierte a una persona en delincuente.
“Ser migrante sin documentos no es ilegal. Ilegal es quien comete un delito. La palabra correcta es irregular. Es una falta administrativa, no un delito”, afirmó Atria en entrevista con Blu Radio.
El vocero insistió en que la mayoría de venezolanos que hoy permanecen en condición irregular no lo hacen por decisión propia, sino porque desde finales de 2022 prácticamente se cerraron los principales mecanismos de regularización para esta población.
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Según explicó, los permisos creados durante el gobierno Duque dejaron de expedirse y las alternativas actuales tienen requisitos que la mayoría de migrantes no logra cumplir.
“Sí hay una migración irregular, pero no porque las personas no quieran obtener documentos, sino porque hoy no existen canales reales para regularizarse”, señaló.
Atria reconoció que entre la comunidad existe incertidumbre ante la posibilidad de redadas o controles migratorios masivos en diferentes ciudades del país, incluida Bucaramanga.
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A su juicio, el nuevo Gobierno debe conocer las múltiples realidades humanitarias que enfrentan miles de familias venezolanas antes de adoptar medidas de deportación.
“El presidente tal vez todavía no está suficientemente empapado de las miles de realidades humanitarias que viven los migrantes en Colombia”, manifestó.
También rechazó que se relacione la migración con la delincuencia y sostuvo que las estadísticas del sistema penitenciario muestran que la mayoría de personas privadas de la libertad en Colombia son colombianas y no extranjeras.
“Quien cometa un delito debe responder ante la justicia y luego ser deportado. Pero no se puede señalar a todos los migrantes como delincuentes”, agregó.
El líder migrante aseguró que las organizaciones que acompañan a la población venezolana respaldan las acciones contra quienes delinquen, pero consideran indispensable que las nuevas políticas migratorias también incluyan campañas de regularización.
Explicó que contar con documentos permitiría que miles de venezolanos accedan a empleos formales y que el país aproveche mejor su experiencia y formación profesional.
De acuerdo con estimaciones citadas por Atria, en Colombia viven cerca de tres millones de venezolanos que lograron obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) durante el proceso de regularización que cerró en 2022. Además, organizaciones migrantes calculan que entre 500.000 y 600.000 personas permanecen actualmente sin documentos por la falta de nuevas vías para regularizar su permanencia.