La Procuraduría hizo serias observaciones al proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que propone establecer una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán, en Santander, con el fin de proteger los recursos naturales de la región.
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Esta iniciativa, que abarca 75.357 hectáreas, ha generado preocupación en la entidad, que considera que el proyecto podría generar inseguridad jurídica, afectar a los pequeños mineros y fomentar la minería ilegal.
Uno de los puntos más destacados en las observaciones de la Procuraduría es la aplicación incorrecta del principio de precaución en el proyecto de resolución. La Procuraduría señala que, “se están imponiendo restricciones y excluyendo actividades económicas sin contar con una certeza científica”, dice en un comunicado.
El comunicado también hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el principio de precaución, “debe aplicarse solo en situaciones de riesgo ambiental grave y no se justifica en todas las áreas de la zona propuesta para reserva. Esta decisión afectaría a actividades productivas legales y en proceso de formalización, generando un impacto negativo en sectores consolidados”.
Además, la Procuraduría expresó su preocupación por la falta de respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de las comunidades asentadas en el territorio. La medida, según la entidad, podría crear incertidumbre jurídica, lo que aumentaría el riesgo de que se favorezca la minería ilegal en la zona.
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En cuanto a la participación de los actores relevantes, la Procuraduría enfatiza la necesidad de un proceso de consulta más amplio, que incluya a las comunidades, autoridades locales y regionales.
En este contexto, la Procuraduría también alertó sobre los posibles efectos negativos para más de 600 pequeños mineros que operan en la zona, y advirtió sobre el riesgo de que la resolución incentive aún más la minería ilegal, lo que agravaría los problemas ambientales y sociales en la región.
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Finalmente, insistió en la importancia de respetar las situaciones jurídicas consolidadas de los mineros y cumplir con la sentencia T-361 de 2017, que ordenó la delimitación adecuada del Páramo de Santurbán.
“Han pasado ya ocho años desde la emisión de esta sentencia, y la Procuraduría considera urgente que se culmine este proceso para lograr un equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades involucradas”, puntualiza la Procuraduría en el comunicado.
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