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La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país. Según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud, entre ellos EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, deben garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad.
Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, con el fin de dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad.
La alerta se produce luego de que hospitales como el Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso informaran la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con esos comunicados, la decisión estaría asociada a causas administrativas y financieras, entre ellas la mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.
A lo anterior se suman comunicaciones dirigidas a afiliados de la Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios desde la misma fecha.
En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 y que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, sin detallar rutas de transición ni puntos alternos de dispensación.
Frente a este panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades informar las rutas oficiales de contacto por territorio, los mecanismos de articulación con la entidad y las acciones adoptadas para garantizar el acceso continuo a medicamentos y servicios.
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También pidió reportes detallados sobre pagos de reembolsos por gastos de bolsillo y la implementación de planes de contingencia por parte de EPS intervenidas y gestores farmacéuticos, con el fin de evitar interrupciones abruptas en la atención de los usuarios.
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