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Según la Defensoría del Pueblo, solo el año pasado se registraron 14.603 reclamos contra Nueva EPS, lo que representa un aumento del 107 % frente al año anterior, principalmente por fallas en el acceso a medicamentos y servicios de salud.
La mayoría de estas quejas están relacionadas con demoras y negación en la entrega de medicamentos, así como con barreras para acceder oportunamente a servicios y tratamientos en salud.
El panorama resulta especialmente preocupante para los pacientes de alto costo. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la Defensoría conoció cerca de 5.000 quejas. Solo en los primeros 20 días de enero se reportaron 1.100 casos.
Ante este panorama, la Defensoría inició una estrategia con Nueva EPS para exigir respuestas urgentes, remover las barreras de acceso y garantizar rutas claras de atención, especialmente en situaciones de riesgo vital.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que la crisis que enfrenta la Nueva EPS se inscribe en un contexto más amplio de dificultades estructurales del sistema de salud. Según la entidad, entre 2022 y 2025 se recibieron más de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho fundamental a la salud en todo el país, siendo la falta de oportunidad y la negación en la entrega de medicamentos las causas más recurrentes.
Durante el desarrollo de la primera mesa nacional participaron entidades clave del sistema, como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la ADRES y directivos de la Nueva EPS. Allí se priorizaron regiones con alta concentración de afiliados, entre ellas Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Chocó, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander.
Como resultado del encuentro, se definieron compromisos orientados a fortalecer la respuesta institucional, entre ellos el seguimiento a rutas de atención regionales, la revisión de procesos de estabilización de pagos, la entrega masiva de medicamentos y el cumplimiento expedito de acciones judiciales vigentes.
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La Defensoría reiteró su llamado a todos los actores del sistema de salud para que asuman responsabilidades inmediatas y adopten medidas urgentes que permitan garantizar el derecho a la salud, especialmente para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
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