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El Ministerio de Salud y Protección Social ha dado un paso significativo al emitir un proyecto de resolución que redefine las pautas para la gestión de recursos en el sistema general de seguridad social en salud. Esta nueva normativa busca mejorar la eficiencia, transparencia y continuidad en la prestación de servicios de salud, particularmente aquellos que, aunque no están financiados directamente por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), son esenciales para una atención integral.
Principales cambios
La principal modificación establece que las EPS y las Entidades Adaptadas (EA) deberán asumir la responsabilidad integral de gestionar los medicamentos y tecnologías financiadas con el presupuesto máximo asignado.
Para calcular el presupuesto máximo, la resolución utiliza datos históricos extraídos de la herramienta MIPRES, que recoge información sobre los servicios prestados en años anteriores. Este enfoque busca una asignación de recursos más precisa y ajustada a las necesidades reales del sistema de salud. El cálculo del presupuesto incluirá una metodología detallada que considera factores como ajustadores económicos y validaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Asimismo, la metodología será revisada y recalculada anualmente para reflejar cambios en los servicios, tecnologías disponibles y el perfil epidemiológico de los usuarios.
Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es el fortalecimiento del monitoreo y control de los recursos asignados. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) auditará trimestralmente los valores reconocidos y pagados, para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y prevenir fraudes. Este enfoque riguroso es crucial para asegurar que los fondos destinados a la salud se manejen de manera eficiente.
El flujo de recursos también experimentaría cambios significativos. ADRES transferirá los fondos mensualmente a las EPS y EA, asegurando un flujo constante de financiación para la prestación de servicios. La primera transferencia se efectuará tras la firma de la resolución que establece el presupuesto máximo, para evitar interrupciones en la financiación. En casos excepcionales, como traslados masivos de afiliados o resultados de auditorías, se podrán recalcular los presupuestos para adaptarse a las nuevas circunstancias del sistema. Esta flexibilidad es crucial para mantener la eficiencia y equidad en la distribución de recursos.
La implementación de esta nueva normativa enfrentaría desafíos, especialmente en cuanto a adaptación rápida de las EPS y EA a los nuevos requisitos metodológicos y de control. La complejidad de la información requerida y la integración tecnológica necesaria para su manejo efectivo serán aspectos clave para una transición exitosa.
Esta resolución está publicada para comentarios en la página oficial hasta el 27 agosto del 2024.
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