Desde la publicación de la hoja de vida del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como superintendente de Salud, varios expertos y gremios científicos coinciden en la necesidad de advertir los riesgos que traería este nombramiento para la gestión técnica y la transparencia del sistema de Salud.
Una de estas fue la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) que rechazó de manera contundente los nombramientos de Daniel Quintero como superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
“No solo no cuentan con el perfil indicado para liderar estos cargos, en especial el señor Quintero quien sería el encargado de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud, sino además por tener abiertos, estas dos personas, sendos procesos penales por presunta corrupción, algunos de ellos en etapa de juicio”, señaló Agamenón Quintero, presidente de la ACSC.
Asimismo, el presidente del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, cuestionó la idoneidad de Daniel Quintero como superintendente.
“No es una persona conocedora del sistema de salud y dentro de los requerimientos y requisitos para acceder a ese cargo y para ser superintendente nacional de salud, se exigen unas condiciones y una de esas tiene que ver con ello”, señaló Galán.
Además, aseguró que, aunque exista el principio de inocencia, Daniel Quintero es una persona imputada y que además tiene otros 40 funcionarios investigados.
“Entraría a manejar la entidad que hace la inspección, la vigilancia y el control, o sea, la entidad que debe luchar por la transparencia y en contra de la corrupción del sistema de salud. Entonces, pues eso no se entendería bien y realmente bastante contradictorio, lo que está generando en el sistema de salud y en el sector es un incremento de la desconfianza”, agregó.
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Finalmente, la UNIPS Colombia advirtió que los recientes cambios en la Superintendencia de Salud y en Nueva EPS llegan en un momento de alta fragilidad del sistema. Señaló que estos podrían profundizar la crisis financiera, generar retrasos en el pago a clínicas y hospitales, aumentar la iliquidez de las IPS y poner en riesgo la continuidad, calidad y oportunidad en la atención de millones de pacientes.
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