El informe de empalme del sector salud, elaborado para la transición entre gobiernos, identifica como uno de los principales desafíos la situación financiera del sistema de salud, marcada por el crecimiento de la cartera entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el deterioro patrimonial de varias aseguradoras y el riesgo fiscal que enfrentan hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE).
De acuerdo con el documento, las EPS reportan cuentas por pagar por $41,5 billones, de las cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que representa que el 92,6 % de la cartera se encuentra en mora.
Además, el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es de -$18,2 billones, mientras que 23,1 millones de afiliados pertenecen a EPS bajo medidas administrativas, equivalentes al 46 % del sistema.
El informe también señala que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 los pasivos crecieron un 43 %, frente a un incremento del 21 % en los activos.
A esto se suma una siniestralidad del 105,6 %, lo que significa que por cada $100 que ingresan al sistema se destinan $105,6 al pago de costos y gastos asociados a la atención en salud. En consecuencia, el resultado operacional pasó de pérdidas por $600.000 millones a cerca de $2 billones.
En el caso de las EPS intervenidas, el patrimonio asciende a -$12,8 billones y la siniestralidad alcanza el 117,8 %, mientras que las EPS no intervenidas registran un patrimonio negativo de $5,33 billones. El informe también advierte que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en cinco entidades.
Respecto a la red pública hospitalaria, el documento estima un riesgo fiscal por $3,55 billones, correspondiente al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado. Ante este panorama, recomienda revisar de manera prioritaria la situación de las 260 ESE con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), establecer mecanismos para evitar embargos judiciales y definir acuerdos de pago con las EPS para recuperar liquidez.
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Dentro del plan de acción propuesto, el informe plantea fortalecer el componente de aseguramiento y la gestión de las EPS intervenidas, priorizando los territorios donde existe una mayor brecha entre la población y la cobertura efectiva del sistema de salud. En ese análisis, Soacha aparece como el municipio con la mayor diferencia, con cerca de 294.000 personas, seguido por otros nueve municipios que presentan rezagos en cobertura.
El documento también propone convocar de manera inmediata a EPS e IPS a un proceso nacional de conciliación de cartera, con el objetivo de depurar y certificar las deudas existentes, establecer acuerdos de pago y mejorar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria. Esta estrategia toma como referencia mecanismos utilizados anteriormente, como el Acuerdo de Punto Final.
Entre las acciones planteadas también se incluye la elaboración de planes de contingencia para garantizar la continuidad de servicios considerados críticos, como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, mediante la identificación de instituciones en riesgo de suspensión y la articulación de los Equipos Básicos de Salud con la capacidad instalada de las ESE.
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En materia de información y vigilancia en salud, el informe propone cruzar las bases de mortalidad del DANE con los registros de Sivigila para depurar posibles subregistros y duplicidades, así como fortalecer los análisis estadísticos y la desagregación territorial de los indicadores para identificar diferencias entre regiones, regímenes de afiliación y grupos poblacionales.
Finalmente, el documento plantea solicitar un régimen de transición de entre 12 y 18 meses para la implementación de los cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud, argumentando que una aplicación inmediata de las nuevas disposiciones podría afectar la continuidad de la prestación de los servicios si no se acompaña de recursos y medidas de transición.
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