La Procuraduría General de la Nación anunció que trasladará a las autoridades competentes los hallazgos obtenidos durante las actuaciones de vigilancia preventiva y control realizadas a Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar y Proteger EPS (antes Cajacopi), informe que señala que persisten graves barreras para el acceso a los servicios de salud y un deterioro financiero que pone en riesgo la sostenibilidad de estas aseguradoras, con el fin de investigar posibles faltas disciplinarias de servidores públicos y particulares que prestan servicios públicos.
Entre las principales dificultades identificadas están el aumento de peticiones, quejas y reclamos, las demoras para asignar citas con especialistas, los obstáculos para autorizar procedimientos y tecnologías en salud, así como los retrasos en la entrega de medicamentos, situaciones que han incrementado las acciones judiciales presentadas por los usuarios.
El ente de control señala que aunque cada EPS presenta condiciones administrativas diferentes, todas comparten problemas estructurales que continúan afectando la prestación oportuna del servicio.
La Procuraduría concluyó que la Nueva EPS, el caso más crítico, mantiene un riesgo sistémico para garantizar el derecho fundamental a la salud y para su sostenibilidad financiera. Según el informe, sus estados financieros aún no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registra pasivos superiores a los $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones. A esto se suma la designación de cinco agentes especiales interventores en apenas dos años, lo que evidencia una alta inestabilidad administrativa.
Las cifras sobre la atención a los usuarios también reflejan el deterioro de la entidad. Solo durante el primer trimestre de 2026, Nueva EPS acumuló 40.668 acciones de tutela, equivalente al 60 % de todas las tutelas registradas por la entidad durante 2023. En el mismo período se reportaron 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 % permanecían sin ser atendidos.
En el caso del Ministerio, la Procuraduría cuestiona una posible falta de acciones para expedir directrices que optimicen el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mientras que a la Superintendencia le atribuye posibles deficiencias en sus labores de inspección, vigilancia, control y seguimiento a las entidades intervenidas y a los agentes designados para administrarlas.
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