El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió ante las comisiones económicas del Congreso la discusión de la Ley de Rescate Fiscal. Señaló que el país registra uno de los niveles de inversión más bajos de su historia y que las necesidades de financiación para 2027 estarían entre 25.000 y 26.000 millones de dólares, una cifra que, según afirmó, no tiene precedente.
Gómez también mencionó un déficit comercial cercano a los 14.000 millones de dólares a agosto y una inversión extranjera que, de acuerdo con las últimas cifras citadas por él, llegaba apenas a 7.500 millones de dólares. “Este es el entorno en el cual entra a discusión del Congreso de la República el proyecto de la Ley de Rescate”, dijo.
Publicidad
El ministro reconoció que la iniciativa tiene muchos asuntos que pueden discutirse en detalle y aseguró que el Gobierno está dispuesto a dar ese debate. Sin embargo, pidió no perder de vista “el telón de fondo de esta ley, que es la crisis fiscal”.
Sobre los principales cambios tributarios, afirmó que no se modificará el IVA de la canasta básica, los agroinsumos ni los seguros de salud. También explicó que el Gobierno busca mantener un piloto que permita avanzar hacia el cobro personalizado del IVA, con el propósito, según dijo, de excluir del beneficio de la exención a quienes no deberían recibirlo.
Entre las opciones mencionadas está vender una parte de la cartera de la DIAN “para que agencias especializadas en cobro realicen por lo menos una recuperación parcial de esa cartera que hoy se considera perdida”.
En cuanto a otros tributos, planteó mantener en el 35 % la tarifa de renta empresarial y discutir cambios en el impuesto de renta para personas naturales y en el impuesto al carbono. También mencionó ajustes al impuesto a los plásticos de un solo uso y al impuesto al patrimonio, así como eliminar el piso de beneficios tributarios para las empresas.
Publicidad
“La salud será una presión constante sobre el Presupuesto General de la Nación”, advirtió el ministro de Hacienda, quien además mencionó el envejecimiento de la población y el mayor costo de la atención médica por cuenta de los desarrollos de la tecnología y la ciencia.
Gómez sostuvo que las medidas buscan alcanzar un ajuste fiscal equivalente al 4,7 % del PIB para 2030 y llegar a un pequeño superávit primario.