La Superintendencia Nacional de Salud ordenó un nuevo cambio en la intervención Capresoca EPS al remover a la interventora sustituta temporal, Bibi Dayana Daniels Rueda, y designar como nueva interventora a Olga Lucía Vásquez Barrios.
La decisión quedó consignada en la Resolución 7516-6, expedida el 6 de julio de 2026, en la que la entidad señala que, pese a las medidas adoptadas desde que Capresoca fue intervenida en octubre de 2024, la EPS continúa enfrentando dificultades estructurales que afectan su estabilidad institucional, financiera y operativa, así como la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
Entre las razones expuestas por la Superintendencia se encuentran problemas en la gestión de la red de prestadores, dificultades para garantizar la continuidad de la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad, aumento de las reclamaciones de los usuarios, observaciones sobre la legalidad de algunas actuaciones y hechos que fueron puestos en conocimiento de organismos de control.
La intervención de Capresoca fue ordenada el 7 de octubre de 2024 por un año y posteriormente prorrogada hasta el 7 de octubre de 2026. Durante ese periodo, la EPS ha tenido varios cambios en la dirección del proceso de intervención.
Inicialmente fue designado como interventor Yeferson Caicedo Pardo, quien renunció en noviembre de 2025. En su reemplazo fue nombrada Betty Cecilia Anaya Nieto, pero en abril de 2026 fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación dentro de un proceso disciplinario, lo que llevó a la designación temporal de Bibi Dayana Daniels Rueda.
Ahora, la Superintendencia decidió remover a Daniels Rueda y nombrar mediante un mecanismo excepcional a Olga Lucía Vásquez Barrios como interventora en propiedad, tras concluir que la situación de la EPS requiere una dirección estable y permanente para continuar con el proceso de recuperación.
Según la resolución, la nueva interventora deberá presentar, dentro del primer mes de su posesión, un plan de trabajo que incluya un diagnóstico administrativo, financiero, jurídico y técnico de la EPS, además de un cronograma de actividades, indicadores de gestión y un presupuesto de las acciones que adelantará para cumplir los objetivos de la intervención.
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Asimismo, deberá entregar informes periódicos a la Superintendencia sobre el estado financiero, jurídico, administrativo y técnico-científico de la entidad, así como un informe final antes del vencimiento de la medida de intervención para determinar si Capresoca puede recuperar las condiciones para continuar operando o si deben adoptarse otras decisiones administrativas.
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