El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó a la bancada del Pacto Histórico el proyecto de reforma integral a la Ley 30, norma que regula la educación superior en Colombia. La iniciativa, que ahora deberá ser discutida por el Congreso de la República, propone modificar el funcionamiento del sistema de educación superior, la forma en que se financian las instituciones públicas y la estructura de gobierno de las universidades.
Uno de los ejes de la propuesta es reconocer la educación superior como un derecho y un bien común. En materia financiera, el proyecto establece que los aportes de la Nación a las universidades públicas aumentarán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, plantea incrementar de manera gradual del 2 % al 5 % el presupuesto destinado al bienestar universitario y dispone que las instituciones públicas asignen, como mínimo, el 10 % de sus recursos a investigación, innovación y producción de conocimiento.
La reforma también propone avanzar en la formalización de las plantas docentes y administrativas, así como modificar la composición de los Consejos Superiores Universitarios. Según el articulado, se duplicaría la representación de estudiantes y profesores e ingresarían nuevos representantes de sectores territoriales y sociales, lo que implicaría cambios en la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.
Otro de los puntos del proyecto es la creación de nuevas instancias para la coordinación del sistema. Entre ellas están los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), encargados de articular a las instituciones con los gobiernos locales; el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazaría al actual Sistema Universitario Estatal (SUE); y la figura de los Multicampus, con la que se busca compartir infraestructura, programas académicos y servicios entre instituciones. Además, se propone crear un Plan Decenal de Educación Superior para definir la planeación del sector a largo plazo.
El proyecto también redefine las funciones del ICFES, que asumiría un papel técnico en el seguimiento y evaluación del sistema de educación superior. En el caso del ICETEX, la propuesta plantea reorientar la entidad para priorizar la financiación de estudios de posgrado y programas de formación en el exterior mediante esquemas de retribución social.
Aunque el Gobierno sostiene que la iniciativa desarrolla los cambios iniciados con la Ley 2568 de 2026 sobre financiación de las universidades públicas, el trámite legislativo deberá definir aspectos como el impacto fiscal de las nuevas obligaciones presupuestales, la implementación de los nuevos organismos de coordinación, los efectos de los cambios en la autonomía universitaria y el alcance de las modificaciones al ICETEX e ICFES.
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La discusión comenzará en las comisiones del Congreso, donde el Gobierno deberá buscar los apoyos necesarios para que la reforma avance en un debate que involucra el modelo de financiación, la gobernanza y la organización del sistema de educación superior en Colombia.
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