La ministra de Educación, Viviane Morales, respondió a las críticas que generó un borrador de decreto publicado por esa cartera y que contempla la posibilidad de que entidades privadas, entre ellas iglesias y confesiones religiosas, participen en la prestación del servicio educativo oficial. Frente a los cuestionamientos, la funcionaria aseguró que no se trata de una nueva figura ni de una decisión que modifique de manera abrupta la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas.
“Nada de decretazo”, afirmó Morales, quien explicó que el proyecto reproduce disposiciones que, según el Ministerio, están vigentes desde hace más de tres décadas. La ministra señaló que la posibilidad de celebrar contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas está contemplada en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentada posteriormente en el Decreto 1851 de 2015.
Además, recordó que la Corte Constitucional ha considerado constitucional este tipo de colaboración entre el Estado y las organizaciones religiosas.
El proyecto de decreto publicado por el @Mineducacion reproduce algo vigente desde hace mas de treinta años: Los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y… https://t.co/J9TaykKm3b pic.twitter.com/Yw1GBY9LNZ
— Viviane Morales (@MoralesViviane) August 25, 2026
La controversia surgió luego de que el Ministerio de Educación publicara para comentarios un borrador de modificación al Decreto 1075, relacionado con la prestación del servicio educativo mediante contratos con entidades privadas. El documento plantea las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales podrían acudir a particulares cuando no cuenten con la capacidad para garantizar determinados componentes del servicio.
En el caso de las iglesias y confesiones religiosas, el borrador establece que las entidades territoriales aportarían elementos como la infraestructura y el personal con el que cuenten, mientras que las organizaciones contratadas podrían suministrar componentes que la administración territorial no pueda garantizar, incluidos apoyos para estrategias de desarrollo pedagógico. El alcance concreto de esa participación es uno de los puntos que ha generado preguntas, especialmente sobre qué actividades podrían asumir las iglesias dentro de los colegios oficiales y hasta dónde llegaría su intervención en los procesos educativos.
La reacción de la ministra se produjo después de que Fecode cuestionara públicamente la propuesta. El sindicato de docentes sostuvo que Colombia ha dado durante años una lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, particularmente frente a la influencia de las instituciones religiosas en la educación pública
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Fecode advirtió que esa lucha histórica podría estar en riesgo con la propuesta del Ministerio y llamó a conformar un “gran frente unido” contra la reforma al Decreto 1075. El sindicato calificó el proyecto como una reforma que permitiría ampliar la participación de entidades privadas en la educación oficial.